Si recibe el visto bueno de los legisladores nacionales, incluso se podría obligar a las empresas de medicina prepaga y a las obras sociales a cubrir los gastos de la «reasignación sexual». Además, fuentes consultadas del Congreso afirmaron que se dejaría a consideración de la presidenta Cristina Kirchner la posibilidad de reglamentar la inclusión del tratamiento clínico dentro del Plan Médico Obligatorio (PMO).
El permiso para lograr la «rectificación de género» no necesitará una autorización judicial, sino apenas una declaración jurada, dentro de la cual la persona deberá expresar que es de un sexo diferente del biológico, habiéndose realizado o no una operación. Y con esa simple declaración también podrá cambiar su Documento Nacional de Identidad.
Durante las próximas semanas, la Cámara de Diputados buscará consenso para emitir un único dictamen sobre la polémica iniciativa, denominada de «identidad de género». De aprobarse, este proyecto pasaría a funcionar como complemento de la ley de matrimonio igualitario.
En la actualidad, las operaciones de cambio de sexo están legalmente prohibidas en Argentina, ya que provocan lesiones físicas muy graves que ningún médico está habilitado a realizar. Algo por lo cual la legislación impone penas muy severas.
Por este motivo es que las personas interesadas deben recurrir a tratamientos en centros médicos de otros países, como por ejemplo Chile. En los borradores que se están analizando consta que leyes similares para el cambio de identidad y de sexo ya rigen, entre otros países, en Noruega, Italia, Alemania, Suecia, Austria, Dinamarca, Sudáfrica, Holanda, Panamá y Canadá, y en algunos estados de los Estados Unidos.
«A partir de este proyecto, el cambio de sexo será un nuevo derecho y se podrá concretar a partir de la mayoría de edad, a los 18 años. Aunque quedará sujeto a la reglamentación del Poder Ejecutivo si esa intervención quirúrgica se incluye en el PMO», le dijo a un matutino porteño Diana Conti, diputada del Frente para la Victoria (FPV).
Esto último podría generar un fuerte conflicto con las compañías de medicina prepaga y las obras sociales, que deberían asumir costos que hoy no están previstos y podrían encarecer sus servicios.
Las personas podrán adoptar un nombre de otro sexo y conservar el apellido, si consignan en la declaración jurada que se sienten psicológicamente del género opuesto.
En el Congreso aseguran que no hubo voces en contra dentro de las comisiones, ya que el socialismo, la UCR y otros bloques opositores dejaron correr el proyecto.
Desde el Gobierno, Pedro Mouratian, titular del Inadi, apoyó la iniciativa. «Es un paso positivo porque permitirá a un conjunto de personas acceder a la documentación necesaria como el DNI, que actualmente no tiene. Y esto provoca que no pueda acceder a un trabajo digno, a la salud, a la vivienda y a otros derechos esenciales como la educación, de los cuales son segregados».
