Versiones periodísticas informaron que las Madres de Plaza de Mayo estarían evaluando realizar modificaciones en la Fundación que llevan adelante desde hace años, entre las que no se descarta la posibilidad de poner fin a sus actividades.
Para ello, un grupo de abogados y contadores trabaja para resolver los contratiempos económicos de los que se responsabiliza al ex apoderado Sergio Schoklender y su hermano Pablo, y considera terminar con la organización desde la que gestionaron dinero provisto por el Estado para la construcción de viviendas sociales.
El pasado martes, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández reconoció que el Gobierno no entregaría más dinero a la Fundación Madres de plaza de Mayo para construir viviendas.
La eventual clausura de la organización sería otro paso a seguir que se suma a la creación del fideicomiso «Ni un paso atrás» y el traslado a las provincias y municipios de los planes que, hasta el escándalo, se manejaron por medio de la Misión Sueños Compartidos y contaban con cerca de 6.000 trabajadores.
El fideicomiso tiene por objetivo evitar el embargo por deudas y cheques impagos de los fondos que lleguen desde esas provincias y municipios por la venta de los paneles, cuya fábrica sí continuará bajo la órbita de la agrupación que lidera Hebe de Bonafini desde 1979.
El descalabro contable y financiero que provocó la pelea entre Bonafini y Sergio Schoklender es real, aunque la posibilidad de que la entidad cierre sus puertas no fue confirmada oficialmente.
En tanto, el gobierno estaría evaluando la posibilidad de entregar las obras de construcción de viviendas y hospitales a otras organizaciones sociales como la Evita, que lidera Emilio Pérsico y ya se encarga de la continuidad del proyecto Sueños Compartidos de Capital Federal y Rosario, aunque la idea sería diversificar las responsabilidades en distintos grupos y cooperativas para no generar concentración de poder.
Fuente: Infobae
