Desde hace 30 días, la feroz pelea entre el Gobierno y la oposición tiene un ring delimitado: la Asamblea Nacional (AN). Tras años de enfrentamientos en los medios de comunicación y en la calle, desde hace un mes el conflicto se introdujo en el Estado, que dejó de ser el bloque monolítico pintado de rojo que erigió Hugo Chávez.
Las elecciones del 6 de diciembre de 2015 le otorgaron las dos terceras partes de los diputados a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y obligaron al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a conformarse con un modesto tercio. El nuevo cuerpo asumió el 5 de enero. Ese mismo día, el chavismo la marcó la cancha a sus rivales. Con el argumento de un fraude poco creíble, suspendió la asunción de los cuatro legisladores del estado de Amazonas, de los cuales tres son de la MUD y sólo uno del PSUV. Así le quitó, por ahora, las potestades especiales que da la mayoría calificada de dos tercios.
Para dar ese golpe contó con la ayuda de un aliado inestimable, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que dictó el fallo que impidió la asunción de los diputados. Diez días antes de que cambiara la composición de la AN, el Gobierno había impuesto su moribunda mayoría para nombrar a 13 nuevos jueces de la corte. Todos ellos, claramente identificados con el oficialismo.
Las primeras medidas de la oposición en la AN
La MUD reaccionó rápido de esa derrota inicial. Desde el día uno empezó a tomar decisiones siguiendo dos ejes bien claros: controlar los desbordes de poder del Gobierno, y mostrar que puede propiciar acciones que beneficien a la población. Para lo primero, usó su potestad de interpelar a funcionarios del Poder Ejecutivo, y convocó a varios de ellos a rendir cuentas de sus actos ante la AN. Casi ninguno se animó a asistir, lo que fue un éxito para la oposición.
En el campo de medidas para modificar las condiciones de vida de la gente, impulsó una que tocó el corazón del esquema clientelar del chavismo: entregarle el título de propiedad a los beneficiarios de viviendas sociales. Así, ya no podrían ser extorsionados políticamente con la amenaza de quitarles la casa en caso de que se nieguen.
«Hay otra iniciativa que me parece arriesgada, pero interesante, que es la de extender el bono de alimentación a jubilados y pensionados. Implica un enorme gasto fiscal, y el proyecto de ley no aclara de dónde saldría el financiamiento. Es una medida que puede ser populista, pero para la gente significaría un pequeño alivio. Si el Gobierno o el TSJ se opusieran, habría muchas chances de cuestionar su legitimidad», explicó Luis Gómez Calcaño, profesor emérito del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, consultado por Infobae.
Domingo Alberto Sifontes, profesor de Historia y Doctrinas Económicas en la Universidad de Carabobo, sostuvo que «para buena parte de la población, el ritmo de la oposición es un poco lento». «Sin embargo, los procesos de transición suelen ser así. El denominado tiempo político lamentablemente no es igual al de los ciudadanos, que con urgencia y sobradas razones piden respuestas inmediatas a la grave situación que vive el país», dijo a Infobae.
«La oposición ha intentado desarrollar lo que prometió en la campaña electoral —continuó—. La ley de propiedad de la vivienda, y de amnistía para los presos políticos (que se aprobaría en las próximas semanas), lo reflejan. La respuesta del gobierno ha sido, como era de esperarse, defensiva. Intentan mediáticamente generar una matriz de opinión para bloquear estas iniciativas».
La estrategia de desgaste
«El Gobierno busca sabotear y desconocer a la AN. De todos los funcionarios que quiso interpelar, solamente acudió la presidente del Instituto Hidrológico. Todos los demás presentaron excusas para no asistir, y la mayoría son importantes, como los ministros de Economía e Interior, y el titular del Banco Central», dijo Gómez Calcaño.
El plan del presidente Nicolás Maduro para contrarrestar las medidas que impulsan sus enemigos es usar en su contra el poder que ganaron. ¿Cómo? Al impedirles ejercerlo, acusarlos de inoperantes, y hacerlos responsables de la debacle económica del país.
Con esto en mente, el mandatario aprobó un decreto de emergencia económica que proponía solucionar el desabastecimiento y la crisis de producción por la vía de la persecución policial. Es decir que profundizaba las medidas que llevaron a la crisis actual. Como era de esperar, la oposición usó su mayoría para rechazar la iniciativa. Y el oficialismo tuvo la excusa que esperaba para acusar a la AN de no querer solucionar los problemas.
«La estrategia de desgaste es tanto del Ejecutivo contra la AN, como a la inversa. Es un juego de poder para ver quién controla la política. La AN pretende hacer un control de gestión, y el Presidente intenta compartir las responsabilidades en el plano económico. Por eso Maduro envió el decreto, para poder decir que no es el único responsable de la crisis. Es un ajedrez político», explicó a Infobae Franklin Molina, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela.
«Se puede pensar que el Gobierno aspira a que haya desgaste, pero hay que esperar para ver si ese proceso es efectivo. Por ejemplo, después de que los ministros no asistieran a las interpelaciones, algo que suponía el mismo decreto de emergencia económica aprobado por el oficialismo, la opinión pública sintió que no fueron porque no tienen cómo justificar lo que está pasando», dijo Héctor Lucena, doctor en ciencias sociales y profesor de la Universidad de Carabobo, en diálogo con Infobae.
«En esta fase, la AN está en la cresta de la ola. Su equipo directivo tiene seguidores, hace caminatas por lugares públicos y es todo un espectáculo. Es un poco parecido a lo que fue el inicio del proceso chavista después del golpe de 1992, que desató una reacción de empatía con los militares involucrados. Así que el desgaste podría ocurrir más adelante, pero todavía no se ve», agregó.
«La AN está en un situación inestable —dijo Gómez Calcaño—, que va a terminar estallando cuando apruebe una ley, y el TSJ la devuelva, declarándola inconstitucional. Entonces a la AN no le va a quedar otra alternativa que impugnar la legitimidad de los magistrados. En ese momento, el conflicto de poderes va a ser inevitable».
«Pero el TSJ tiene las cartas a su favor desde el punto de vista formal —continuó—, porque sus miembros fueron elegidos de forma irregular, pero legal, y la decisión sobre cualquier cuestionamiento a esa legalidad va a recaer sobre ellos mismos. La Constitución dice que es el último árbitro, así que va a argumentar que cualquier intento de destituir a sus integrantes es inconstitucional. Además cualquier proceso de remoción tiene que pasar también por el Poder Moral, que está alineado con el Gobierno. Como no va a haber forma legal de destituirlos la solución no puede ser jurídica, sino política».
En una democracia normal, los conflictos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo los resuelve el Judicial, que se presume imparcial porque no está politizado. Pero como el TSJ está controlado por el Gobierno, éste tiene el privilegio de ser juez y parte. Así, la situación institucional se va a tornar inviable.
«Si la oposición encuentra que el TSJ es un rebote para sus iniciativas legislativas, no va a haber legitimidad en Venezuela. Entonces empezará a desplegar estrategias políticas para intentar un cambio de gobierno, dado que no va a poder ejecutar nada de lo que legisle», dijo Molina.
La salida
La idea de interrumpir el mandato de Maduro está desde hace mucho tiempo en la agenda de la oposición, precisamente porque el Gobierno no le deja canales institucionales para ejercer la cuota de poder que le corresponde. Esto se aceleró luego del triunfo en las elecciones. En su discurso de asunción como nuevo presidente de la AN, Henry Ramos Allup dijo que «en un lapso de seis meses» impulsaría «un método para cambiar el gobierno por vía constitucional».
«Cuando se planteó en 2014, la salida (de Maduro) fue algo inoportuno, pero ahora el contexto cambió mucho. Nos estamos acercando a una crisis humanitaria si se toman en cuenta los niveles de escasez de alimentos y de medicinas, que se han agravado muchísimo, pero el Gobierno se niega a aplicar ningún correctivo económico. El resultado de las elecciones prueba que hay una clara mayoría en contra del chavismo, que encuentra un enorme descontento en sus bases. La idea de la oposición es acortar la presidencia de Maduro, aunque no se ponen de acuerdo en el método», afirmó Gómez Calcaño.
La Causa Radical (LCR), uno de los principales partidos que integran la MUD, se adelantó a sus socios y presentó la primera propuesta formal. Es un pedido de enmienda constitucional para reducir de seis a cuatro años el mandato. Su idea es aprobarla y aplicarla sobre el período vigente, lo que forzaría al presidente de dejar su cargo en 2017.
«Me extraña que LCR haya sacado individualmente su propuesta sin haberla discutido previamente en la MUD —continuó el académico—. Es parte de la competencia interna por llamar la atención, típicas rivalidades en una coalición heterogénea. El problema es que resulta muy cuestionable desde el punto de vista jurídico, porque las reformas se hacen para empezar a ser aplicadas en el período siguiente al vigente».
«Por eso, de todas las posibilidades que hay para terminar el mandato, la menos frágil es el referéndum revocatorio, porque está previsto en la Constitución. La AN podría cambiar la ley para establecer condiciones menos restrictivas, y tiene la gran ventaja de que apela directamente a la población. No se va a ver como una maniobra parlamentaria», agregó.
El revocatorio es un trámite muy complejo, que recién podrá impulsarse cuando se cumpla la mitad del período gubernamental, algo que ocurrirá el próximo 19 de abril. «Requiere la firma del 20% del padrón electoral, que son unas 4 millones de personas —dijo Lucena—. Pero ese proceso lo administra el Colegio Nacional Electoral, que aparece como un poder independiente, pero que de sus cinco rectores, cuatro son oficialistas y uno solo opositor. Igual es cierto que la crisis económica está avanzando muy rápido, y eso favorece el referéndum».
Apenas se cumplieron 30 días de la asunción de la AN, pero todo lo que pasó apunta a la misma dirección: más temprano que tarde la MUD intentará avanzar en un revocatorio. El desenlace de ese proceso es impredecible y hay una sola certeza: la confrontación será cada vez mayor.
Dario Mizrahi/Infobae
