Empresarios, políticos y sindicalistas polemizaron por la distribución de Ganancias

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Empresarios, sindicalistas y políticos volvieron ayer a cruzarse en torno al proyecto de ley que prevé distribuir parte de las ganancias empresarias entre los trabajadores.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, consideró que la mejor forma de discutir una mayor distribución es «a través de las paritarias».

El empresario evaluó que «la CGT tiene todo el derecho de reclamar y de plantear las cosas en los tiempos y en la forma que lo haga». Sin embargo, remarcó que «esa es la posición de la CGT, como nosotros tenemos la nuestra, el Gobierno la suya y el Congreso también».

Por su parte, el jefe del sindicato de Bragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, aclaró que el reclamo de la CGT «estuvo dirigido al Parlamento y no al Gobierno», aunque admitió que «es cierto» que la presidente Cristina Kirchner «no alentó totalmente» ese proyecto.

«Nosotros creemos en el rol que tenga que cumplir el Poder Legislativo, por eso estamos insistiendo en ese sentido. Estamos hablando ni más ni menos del cumplimiento de la Constitución Nacional», señaló el gremialista.

En ese sentido, el diputado oficialista y abogado de la CGT, Héctor Recalde, manifestó tener «confianza» en que se puede «llegar a alguna solución acordada» para aprobar el proyecto de su autoría y señaló a radio El Mundo que la iniciativa «no se frenó sino que perdió estado público».

«Este año fue un año muy difícil para trabajar en el congreso por la cantidad de elecciones que hubo», justificó y advirtió: «No conozco ningún funcionario oficialista que esté en contra de este proyecto, hay consenso generalizado».

El chaqueño Jorge Capitanich les recordó a los sindicalistas que el Gobierno, «desde Néstor Kirchner hasta la fecha, ha promovido la defensa irrestricta de los intereses de la clase trabajadora».

En declaraciones a radio Del Plata, aceptó que el «rol del dirigente sindical es encabezar reclamos», pero advirtió que esas demandas deben hacerse «en el marco de una concertación de carácter económico-social que permita naturalmente que la Argentina siga creciendo con la cooperación de todos».

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