«Hay un derecho a la educación y un derecho a la huelga docente. Hay una contraposición que no puede ser resuelta judicialmente. La situación de la provincia de Santa Cruz [tuvo sólo 90 días de clase] marca que hay que debatir la huelga de los maestros. No cambiaron los salarios, dejaron a los pibes sin clase y destrozaron la escuela estatal.» Así lo señaló, ayer, en una entrevista con LA NACION, el ministro de Educación, Esteban Bullrich , que volvió a cuestionar la muestra de escuelas enviada a las pruebas PISA 2015. «Fueron incapaces», dijo.
Al borde del fin del primer año de gestión, Bullrich está convencido de que la crisis educativa de Santa Cruz no debería prolongarse en el tiempo, aunque no sabe cómo hará la gobernadora Alicia Kirchner para lograr la aprobación de los alumnos de los establecimientos estatales, los más perjudicados por los paros. En sus días de ministro porteño siguió con interés el caso de Ecuador, que por una reforma constitucional definió la educación como un «servicio esencial», equiparándolo con la salud y la seguridad, lo que desterró la posibilidad de huelgas del sector. Pero ahora no cree necesario tocar la Carta Magna para resolver el conflicto patagónico o, eventualmente, evitar otros en el país.
-¿El Gobierno estaría dispuesto a modificar la Constitución para incorporar la educación como servicio esencial?
-No. Yo soy un gran defensor del diálogo. En la ciudad de Buenos Aires no necesitamos eso (modificar la Carta Magna) para reducir la cantidad de huelgas. Lo que hicimos fue sentarnos y escucharnos. Dialogar no es sentarse a escuchar lo que pienso o venir con posiciones prefijadas. Si me siento sabiendo que no me voy a mover ni un centímetro, perdí. El movimiento no es una derrota, pero aquí, en el país, cualquier concesión por pequeña que sea es considerada una derrota.
-¿Cómo van a aprobar las clases en Santa Cruz, tanto en el primario como en el secundario, si sólo hubo el 50% del ciclo lectivo?
-¿Entonces la semana que viene un estudiante de 5° año en Santa Cruz no va a recibir su título por la huelga?
-Nosotros no estamos mintiendo. Creemos que mentirle a un estudiante diciéndole que sabe lo que no sabe no es bueno. Esa cultura se terminó. Si hay chicos que no aprendieron lo que tenían que aprender, tienen que aprenderlo. El problema es que si le das el título secundario a quien tuvo 90 días de clase y va a la universidad no va a entender nada. Los profesores les dirán que estos temas los vieron en quinto año y ellos no los vieron porque tuvieron huelgas.
-¿Hay posibilidades de que tengan que recursar el año, aunque en teoría no se lleven materias?
-Habrá que ir viendo cada caso. Es un tema muy delicado. Le hemos marcado al ministro de la provincia (Roberto Borselli) con mucha claridad que no vamos a repartir títulos porque sí. Les dijimos que tenían hasta fin de año para tomar la decisión de cómo resolverlo. Estamos a 15 días, hay mesas hasta fin de año. Estamos esperando ver qué sucede porque las mesas de exámenes también validan conocimientos del año.
-Lo que sucedió con las pruebas PISA, ¿fue incapacidad o perversión?
-Fue incapacidad atada a un gobierno al que no le importaban las estadísticas. Si vivís en un país en el que te dicen que hay menos pobres que en Alemania, a partir de eso, todo es relativo.
-Aunque no fue incluida en el ranking, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) difundió la calificación argentina. ¿Le sirve o no al país esta prueba?
-No le sirve. En estadísticas una muestra independiente no es señal de nada. Cuando veas a la Argentina en los próximos 20 años van a aparecer dos agujeros. Los dos fueron durante el kirchnerismo: uno, en 2003, porque no participamos; el otro, en 2015, porque hicimos mal la muestra. Por eso lo marcamos como algo que no fue, no hay ninguna tendencia. No se sacaron las peores escuelas, sacaron escuelas al azar. Faltaron 3096 colegios, lo que hace que la cobertura no sea válida para PISA.
-En dinero, ¿cuánto le costó al país esta evaluación fallida?
-Más o menos ocho millones de dólares en total, incluidos los facilitadores.
-¿No hay una figura legal para determinar cuál fue el error?
-No habiendo malicia, no. No había compromiso con la evaluación. Vivimos en un país en que la idea de evaluarte, de tener información de cómo estás, no es algo a lo que estamos acostumbrados.
-En mayo pasado, el Presidente anunció la obligatoriedad de la sala de 3 años a partir de 2017, pero no se aprobó la ley, ¿por qué?
-Se demoró el debate en Diputados, tuvo mucho que ver con esta discusión sobre el tema de los recursos (la necesidad de construir escuelas). Vamos a tratar de que llegue al Senado en sesiones extraordinarias, en febrero, al igual que el Instituto de Evaluación y Estadísticas que tiene dictamen de comisión y quedó en las gateras.
-También el Gobierno impulsa una reforma del nivel secundario. ¿Cuándo y cómo comenzaría a funcionar?
-La escuela secundaria de hoy necesita un cambio profundo que haga que el colegio se personalice. En 2017 vamos a empezar a funcionar en algunas escuelas en las que estamos trabajando con algunas provincias, pero es un proceso gradual. Este cambio va a estar acompañado por uno en los institutos de formación docente. Trabajamos en darle una formación continua y más práctica, con una mirada más puesta en la práctica docente que en la teoría. Se sancionó una ley a nivel nacional donde se habla de dos carreras: una a nivel directivo y otra a nivel docente. Nunca se implementó. Creemos que no es lo mismo ser directivo que ser docente frente a un aula. Queremos que se pueda desarrollar una carrera docente y llegar al máximo ingreso que sea compatible con el de un director, pero dentro del aula.
