El viernes a las 21:17 un radiograma general de la Gendarmería Nacional llegó a todas las unidades pidiendo moderación y autocontrol ante los ataques «con clara intención de provocar reacciones en busca de generar una escalada de violencia». «Exhorto a todos los gendarmes sin distinción de jerarquías a mantener la calma y la pasividad», fue la orden del comandante general Gerardo Otero. Y agregó: «No es sinónimo de debilidad, sino de algo que siempre nos ha caracterizado, mesura, respeto a los derechos humanos y uso racional de la fuerza siempre ajustado a la ley», «no sientan impotencia», porque «la institución está de pie, con todos sus recursos humanos, materiales y tecnológicos para coadyuvar al trabajo cotidiano en un estado de derecho».
Se necesitaba una comunicación atípica para el momento que vivía –después del ataque al cuartel de El Bolsón– la principal fuerza de seguridad argentina (80 mil efectivos), la que que tiene mejor empatía con la ministro Patricia Bullrich y tal vez por eso mismo está siendo duramente sometida al escarnio por buena parte de la opinión pública que cree, como dicen los familiares de Santiago Maldonado, que se trata de la responsable de la desaparición «forzada» del joven.
La fuerza del relato es poderosa aun en personas que votaron a Mauricio Macri. Un joven profesional le preguntó a Infobae si es cierto que «Maldonado se les quedó» a unos gendarmes, como si existiera la posibilidad de que una fuerza de seguridad que no tuvo ninguna denuncia por represión ilegal en la dictadura ahora en democracia anduviera torturando militantes.
Pero en la noche del viernes no solo la Gendarmería estaba bajo un shock de angustia. Mientras la población seguía espantada frente a discursos que solo pueden dirigirse a una dictadura y era testigo de una violencia incomprensible antes y después de la marcha, un mensaje de Whatsapp recorría teléfonos de clase media urbana decía que «Maldonado apareció muerto en Esquel de un cuchillazo, mañana lo anuncian». Y pontificaba que «los K sabían que estaba muerto, solo lo usaron para ensuciar al gobierno». ¿Quién mandó esos mensajes? ¿Amigos del Gobierno o enemigos? ¿Tiene el Gobierno un aparato de desinformación o cuando no hay información cualquier pavada se reproduce?
Algunas cosas empiezan a quedar claras. La denuncia por la desaparición de Maldonado fue radicada el jueves 4 de agosto y el viernes 5 de agosto el CELS solicitó al Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas «una acción urgente para que el Estado argentino tome de manera inmediata las medidas necesarias para buscar y localizar a Santiago Maldonado». El lunes 7 de agosto, la tapa de Página/12 preguntaba «¿Dónde está?» y Horacio Verbitsky escribió un nota titulada «Macri ya tiene su desaparecido», asegurando que la protesta contra quienes reclamaban por la detención ilegal del líder mapuche Facundo Jones Huala culminó «con el primer detenido-desaparecido bajo la presidencia» del líder de Cambiemos.
Dos días después, el 9 de agosto, CTERA mandó a imprimir folletos con el instructivo pedagógico para instalar en las aulas la ausencia de Maldonado, lo que se concretó un mes después. El viernes 11 de agosto, dos días antes de las elecciones PASO, Verbitsky, ahora como presidente del CELS, aprovechó la veda electoral para armar un acto con los organismos de derechos humanos. «Ahora, ahora, resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables», era la consigna que muy poquitos cantaban en los finales de la dictadura y contra los dictadores y que se escuchó esa tarde.
En efecto, de lo que se trata es de instalar «un sentimiento con ecos de otras épocas», como dijo la tapa de Página/12 de ayer sábado. De esos tiempos en los que casi ninguna de las miles de personas que marcharon el viernes reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado conocen, porque no existían, porque si existían tenían miedo de expresarlo, y porque esos ecos fueron construidos en los 12 años K, cuando la agenda de los derechos humanos tomó una centralidad que definitivamente nada tenía que ver con los problemas que padecía la Argentina y, más bien, sonaba a un paraguas de legitimidad para cometer todo tipo de tropelías.
Como sea, «entre los manifestantes prevalecía una sensación de miedo por lo ocurrido con Maldonado y la respuesta de parte del Estado, al que acusaron de encubrir los hechos», escribió la periodista Irina Hauser, sin duda reflejando un sentimiento que existe.
El Gobierno estuvo convencido desde el comienzo de que la oposición kirchnerista buscaba instalar el caso Maldonado como un tema de campaña. Sin embargo, el propio Mauricio Macri se preocupó y ocupó, instruyendo a la ministra para que muestre resultados rápidos en la búsqueda, aunque reconociendo las dificultades que planteaba la falta de colaboración de la familia y los amigos, algo que ahora se pretende negar pero que está probado en el expediente.
En rigor, en el Gobierno se espera desde el año pasado un recrudecimiento de las acciones violentas de la guerrilla separatista RAM, sobre todo cuando se decidió coordinar acciones con la presidente chilena, Michelle Bachelet, para quien Facundo Jones Huala es, sin atenuantes, un «terrorista».
En un informe del Ministerio de Seguridad al que Infobae accedió en forma exclusiva ya se alertaba en febrero de este año acerca del conflicto territorial planteado por el grupo armado anarquista (que no reconoce al Estado argentino ni chileno) a partir de la descripción detallada de 33 hechos.
Hecho 1. Asesinato del Sargento de la Policía de la Provincia de Neuquén José Aigo, del 7 de marzo de 2012, aparentemente perpetrado por los ciudadanos chilenos Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Cortes Torrres, ambos miembros del Ejército Guerrillero de los Pobres, ligados a grupos mapuches.
Hecho 2. Lesiones a una auxiliar judicial de la provincia de Neuquén, el 28 de diciembre de 2012, cuando un integrante de la comunidad mapuche fue detenida luego de resistirse a una orden judicial de desalojo.
Hecho 3. Incendio intencional de plantaciones forestales perteneciente a la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A, el 15 de diciembre de 2013, reconocido por RAM como de su autoría.
Hecho 4. Incendio del Refugio Neumeyer, el 12 de octubre de 2014, también reconocido por RAM.
Hecho 5. Ataques a vehículos en la Ruta Nacional N1 40, del 30 de diciembre de 2014, cuando transportistas fueron amenazados con armas y fuego. Reconocido por RAM.
Hecho 6. Usurpación del Cuadro Vuelta del Río de la Estancia Leleque, propiedad de Compañía de Tierras Sud Argentino SA, con la finalidad de asentarse en el lugar, del 13 de marzo de 2015. Reconocido por RAM.
Hecho 7. Amenazas a vecino del Cuadro Vuelta del Río, del 4 de abril de 2015. Denuncia realizada por Darío Américo Huilianao, quien fue abordado por personas con rostros cubiertos que le dijeron que «estaban dispuestos a hacer cualquier cosa»…
Hecho 15. Privación ilegítima de la libertad/Simulacro de fusilamiento/Amenazas, del 3 de octubre de 2015, cuando un grupo de 5 o 6 personas encapuchadas ingresaron al Puesto denominado 15 Pescado y procedieron al secuestro del puestero, señor Rayel, que fue obligado a arrodillarse, para luego colocarse un arma en su cabeza, exigiéndole que entregara las armas y el dinero, y luego fue obligado a trasladarse al río (distinta a 10 kilómetros) y meterse al agua y permanecer allí durante dos horas, mientras lo amenazaban de muerte y efectuaban disparos intimidatorios.
En este informe se listan 33 hechos donde fácilmente se observa que la violencia fue in crescendo. Análisis más recientes hablan de 72 hechos de violencia, aunque si se les suman los incendios en Neuquén, El Bolsón y Ciudad de Buenos Aires del viernes último, ya existen 80 hechos de violencia perpetrados por este grupo minoritario de mapuches y amigos de mapuches que, por alguna razón que tal vez tengan pero tal vez no, creen que la violencia es la vía para resolver sus reclamos. Un grupo que no reconoce a ninguna de las instituciones del Estado, ni la Justicia, ni la Gendarmería, ni la Policía, ni el Gobierno.
En manuales de la RAM publicados en Internet se muestra que su estrategia es desarrollar «una guerra integral» que combine desde las protestas ecologistas, hasta las reivindicaciones indigenistas y sociales o económicas, usando medios violentos donde sea posible o recurriendo a la agitación y la organización de «comunidades en la resistencia» donde sea necesario, «hasta que maduren las condiciones para la lucha armada». Es otro hecho.
Como también lo es que los jóvenes periodistas –Ezequiel Rellán y su compañero Juan, según la información que se obtuvo– que transmiten para Antena Negra y Red de Medios Alternativos seguían anoche detenidos e incomunicados en la Comisaría 30 de la comuna 15, para preocupación de sus familiares y amigos. El padre de Ezequiel reconoció que fue el juez quien así lo dispuso.
Cada vez está más claro que será a este Gobierno al que le tocará lidiar con el fantasma más fuerte que recorrió toda la democracia, desde el 10 de diciembre de 1983, cuando asumió Raúl Alfonsín: mostrar a los argentinos y al mundo que podrá reprimir la violencia política dentro de los marcos de la más absoluta legalidad y sin pisar NINGUN palito. Mejor pasar por débiles o sobreactuar pasividad.
No le será fácil a Macri. Los debates que dividen a algunos sectores de la sociedad en torno al número de desaparecidos, por ejemplo, no le interesan, como tampoco si la Vuelta de Obligado fue un gesto de soberanía nacional o una maniobra rosista para domesticar a los gobiernos del interior. Un ingeniero tiene las pasiones políticas más cerca de la construcción de obras que por esas «abstracciones».
Hasta ahora, sin embargo, la viene llevando bastante bien. El viernes mantuvo la calma ante las provocaciones y cuando la mayoría de los manifestantes habían abandonado la Plaza de Mayo transmitió a través de su ministra de Seguridad el desalojo, informado que los que se habían quedado eran los elementos más violentos.
Eso sí, Santiago Maldonado no aparece. ¿Los resultados de ADN que se conocerán esta semana servirán para dilucidar el caso? ¿Es verdad que está vivo y en Chile, como supone la Justicia argentina? ¿Hay posibilidad de tener puentes con equipos profesionales de organismos de derechos humanos para colaborar en la investigación? ¿O el diálogo entre el Gobierno y el mundo K es imposible, aun cuando se trate de la vida de una persona? ¿Y si está muerto, qué va a pasar cuando eventualmente se dé semejante noticia?
Son demasiadas preguntas que todavía no tienen respuesta. Mientras tanto, aparición con vida de Santiago.
