El Gobierno anunció este martes que enviará al Congreso en los próximos días un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental. La iniciativa, según pudo saber TN, propone mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y reintroduce medidas como la internación involuntaria bajo indicación de un profesional.
Desde la cartera que conduce Mario Lugones explicaron que el proyecto busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy “no encuentran adecuado encuadre”.
En ese sentido, el Gobierno apunta a superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia y plantea la necesidad de clarificar conceptos y criterios “adaptándolos a las necesidades actuales y a la realidad asistencial de cada jurisdicción”.
Entre sus puntos principales, desde el Ministerio de Salud enfatizaron: “La internación seguirá siendo un recurso excepcional, pero necesario para proteger la salud y la vida”.
Cambios en los procesos de internaciones, uno de los puntos centrales del proyecto del Gobierno
Por eso, mientras que la ley vigente establece que solo puede disponerse la internación involuntaria cuando existe un “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”, el proyecto oficialista busca ampliar la capacidad de intervención.
“Este criterio tiene en cuenta únicamente la situación del paciente al momento de la evaluación médica, impidiendo, en muchas ocasiones, intervenciones preventivas en contextos de crisis. Por este motivo, la propuesta propone implementar un criterio situacional para la evaluación del riesgo considerando el contexto general del cuadro, en el que se incluyen los antecedentes recientes de conductas riesgosas, y la evolución previsible del paciente en caso de no recibir tratamiento”, destacó el Ministerio de Salud en la presentación del proyecto.
Así, la ley impulsada por el Gobierno dispone que en casos de urgencias un médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Además, se propone extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial.
En casos de internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia.
Revertir el cierre de hospitales psiquiátricos
De acuerdo a los especialistas de la cartera de Salud, uno de los principales problemas del esquema actual es la falta de aplicación homogénea en el país.
De las 23 provincias, solo 16 adhirieron formalmente y solo 18 cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental, mientras que en 20 se disponen de camas de internación.
“Esto genera desigualdades en el acceso, especialmente en regiones con menos recursos. La reforma busca garantizar atención en todo el territorio”, señalaron.
En ese contexto, mientras que la ley vigente sancionada en 2010 apunta a la desinstitucionalización -el cierre de hospitales psiquiátricos y el traslado a hospitales generales-, el Gobierno sostiene que ese modelo no siempre es viable por limitaciones de infraestructura, personal y condiciones de seguridad.
“Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas, lo que evidencia la necesidad de sostener la internación especializada. Episodios graves en hospitales generales (Posadas, Clínicas, Mi Pueblo y El Carmen) reflejan estas limitaciones en casos complejos”, argumentaron.
Por eso, en lugar de cerrar instituciones, el proyecto oficialista busca fortalecer una red de atención en salud mental según niveles de complejidad, que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, comunitarios y residencias asistidas.
Cambios en los diagnósticos
Por otra parte, el Ministerio de Salud advierte que ley vigente utiliza el término ambiguo “padecimiento mental”, que considera “demasiado amplio para la práctica clínica.
Para la cartera, esto puede generar dudas diagnósticas y demoras en la intervención, por lo que propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión.
A su vez, a la hora de evaluar los casos de riesgo, la iniciativa trae un nuevo enfoque que reemplaza el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. La nueva concepción busca incorporar contexto y antecedentes para permitir intervenciones más oportunas y preventivas.
Modernización del sistema y mejoras en el seguimiento
Finalmente, el proyecto también plantea entre sus objetivos el fortalecimiento de los los sistemas de información, en particular el Registro Nacional de Personas Internadas por motivos de Salud Mental (Resam) y el Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes).
Se tratan de herramientas clave para conocer la capacidad instalada, disponibilidad de camas y cantidad de pacientes, y mejorar la planificación del sistema.
En paralelo, la iniciativa propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión del sistema. Para ello, el proyecto incorpora áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR, con el objetivo de fortalecer la supervisión.
Según aseguraron desde el Ministerio, el texto que se enviará al Congreso se valió de aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores del ámbito judicial y legislativo, lo que permitió detectar dificultades concretas en la práctica diaria del sistema actual.
