El discurso oficial apuesta al fomento del turismo interno y a los parques nacionales como motor de la actividad. Sin embargo, a través de la Resolución 132/2026, el Gobierno aumentó 60% el valor de las entradas a los parques para los argentinos. Además, aplicó un incremento del 42% para extranjeros y del 117% para estudiantes, aunque las tarifas de base en este últimos caso son más bajas.
La tensión entre el discurso y la medida configura un escenario que el propio Gobierno no logra resolver: apuesta al turismo como industria estratégica, pero encarece acceder a los íconos naturales más visitados del país.
Las nuevas tarifas en Parques Nacionales
Los valores que fijó la resolución rigen para 20 áreas protegidas e incluyen cuatro categorías: visitantes extranjeros (denominados “general”), argentinos, residentes provinciales y estudiantes. En todos los casos, la suba fue significativa.
En el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, tanto la zona sur como el portal de El Chaltén quedaron con una tarifa de $50.000 para visitantes del exterior y de $25.000 para el resto de los argentinos. Los residentes provinciales abonan $8.000. En Tierra del Fuego, el precio para extranjeros se mantuvo en $40.000, pero los argentinos pasaron de pagar $12.000 a $18.000.
Para los parques de la región de los lagos —Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo— la entrada general quedó en $35.000 para visitantes del exterior y en $15.000 para argentinos. La tarifa para estudiantes en esos parques subió de $5.000 a $12.000, un incremento del 140 por ciento.
En una franja de parques que incluye El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Perito Moreno, Monte León, Los Cardones, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco, la entrada para extranjeros quedó en $25.000 y en $12.000 para argentinos. La tarifa estudiantil en esos destinos pasó de $5.000 a $10.000.
La asimetría entre locales y extranjeros
Una de las características del nuevo esquema tarifario es que los argentinos absorbieron incrementos proporcionalmente mayores que los turistas internacionales. Mientras la suba para visitantes extranjeros promedió el 42%, la de los argentinos rozó el 86% en términos generales, y la categoría estudiantes fue la más castigada, con un aumento promedio del 117%.
El esquema mantiene exenciones para jubilados y pensionados con DNI argentino, menores de 6 años, personas con discapacidad y su acompañante, integrantes de visitas educativas de hasta 18 años, residentes locales, guías habilitados, agentes de la APN y veteranos de la guerra de Malvinas. Los egresados de secundaria que viajan en viaje de fin de curso, en cambio, quedan excluidos de la categoría “visita educativa” y deben abonar la tarifa correspondiente.
La resolución también incorporó bonificaciones: el segundo día de visita tiene un descuento del 50%, válido dentro de las 72 horas del primer ingreso. Además, se habilitaron pases de 3 y 7 días —denominados Flexipass— y un pase anual de $300.000 para Iguazú, que equivale al valor de cinco entradas individuales para extranjeros.
El argumento oficial y el recorte presupuestario
En el texto de la Resolución 132/2026, la APN justificó el aumento en la necesidad de lograr una “distribución más equitativa de los recursos” y en que el aporte de los visitantes contribuya al sostenimiento y desarrollo de las áreas protegidas. También mencionó la incorporación de nuevas áreas al sistema de tickets electrónicos y la actualización de categorías para acceder a descuentos.
Lo que la resolución no menciona es que, días después de su publicación, el Gobierno recortó partidas presupuestarias destinadas a los parques nacionales por más de $2.500 millones a través de la Decisión Administrativa 20/2026.
El sector privado, bajo presión
Mientras el Gobierno sube las tarifas de acceso a los parques y promueve inversiones privadas en el sector, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) elevó una nota a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Ministerio de Economía para pedir medidas de alivio fiscal de urgencia. La federación planteó la situación crítica que atraviesan las pequeñas y medianas empresas hoteleras y gastronómicas ante la caída del consumo y el incremento de los costos operativos.
Entre las medidas que solicitó Fehgra figuran la revisión de los mecanismos de judicialización automática de deudas por moras mínimas, la suspensión de ejecuciones fiscales y medidas cautelares hasta el 31 de diciembre de 2026, la ampliación de los planes de facilidades de pago vigentes y la posibilidad de refinanciar planes caducos sin perder los beneficios fiscales originalmente otorgados. La federación argumentó que ese plazo “resulta indispensable para proteger el capital de trabajo y sortear la estacionalidad de baja actividad”.
La señal que envía el pedido es relevante: la hotelería y la gastronomía son, según la propia Fehgra, actividades intensivas en empleo y fundamentales para el desarrollo turístico en todo el país. Que la federación que las agrupa deba salir a pedir una tregua fiscal al mismo tiempo que el Gobierno anuncia inversiones y desregulaciones en el sector turístico agrega una capa de complejidad al diagnóstico oficial.
“Potenciar” el turismo desde adentro
En el Summit de la AAPA, Scioli apeló a un diagnóstico compartido por el sector: la necesidad de romper la estacionalidad y adaptar la oferta a un turista más exigente. “Estamos encarando una serie de desregulaciones para que ustedes miren cada vez con más interés oportunidades de negocios y de trabajo para los jóvenes, en alguno de los 39 Parques Nacionales de la Argentina”, afirmó el secretario ante empresarios del rubro.
El contexto en el que esas palabras se pronunciaron incluye no solo la suba de tarifas sino también otros cambios que el Gobierno introdujo en la administración de los parques en los últimos meses. A fines de 2025, habilitó el registro de prestadores privados para ofrecer actividades turísticas dentro de las áreas protegidas. El Ministerio de Desregulación, por su parte, eliminó la obligatoriedad de guías y de informes de impacto ambiental. Esas medidas generaron rechazo en el sector turístico: organizaciones de guías y trabajadores del área impulsaron protestas y solicitaron reuniones con funcionarios del interior del país.
Para Scioli, el rumbo es claro: “Este tipo de actividades ayuda a romper la estacionalidad y a extender la temporada”. La pregunta que deja abierta la política de precios es si un turismo más accesible para el exterior y más caro para los propios argentinos es la forma de lograrlo.
Fuente Infobae
