Estados Unidos prepara una nueva arquitectura arancelaria para reemplazar los gravámenes temporales que expiran esta semana, con medidas que alcanzarán a 60 socios comerciales bajo el argumento del trabajo forzado, mientras escala simultáneamente la presión sobre Canadá y Brasil en el marco de la ofensiva comercial más amplia de la administración Trump desde el colapso judicial de febrero.
La nueva estructura arancelaria descansa sobre la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una base legal que la administración considera más robusta que los poderes de emergencia que el Supremo invalidó. La Oficina del Representante de Comercio (USTR) determinó en junio que 60 economías no han prohibido ni aplicado de forma efectiva sanciones contra la importación de bienes fabricados con trabajo forzado, tras audiencias públicas celebradas el 7 de julio con testimonios de gobiernos, industrias y grupos empresariales.
El caso más explosivo fue Canadá. El lunes, Trump firmó tres proclamaciones presidenciales que imponen un arancel del 50% sobre una amplia gama de productos canadienses —vino, lácteos, cemento y muebles, entre otros— en virtud de la Sección 338 del Arancel de 1930, una disposición de la Gran Depresión nunca empleada a esta escala. Los gravámenes entran en vigor el 19 de agosto y no eximen a los productos cubiertos por el T-MEC.
Brasil concentra el otro foco de tensión. El martes entró en vigor un arancel del 25% sobre la mayoría de los productos brasileños, también bajo la Sección 301, tras una investigación de un año sobre prácticas desleales en áreas que van desde el comercio digital hasta el acceso al mercado de etanol. La Cámara Americana de Comercio para Brasil advirtió que la medida afecta más de 11.000 millones de dólares en exportaciones y coloca al país entre los que enfrentan “las condiciones más restrictivas para acceder al mercado estadounidense”. Quedan exentos el café, la carne de res y partes de aeronaves.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva rechazó la medida como infundada y anunció que la impugnará ante la Organización Mundial del Comercio, citando un superávit acumulado de 424.500 millones de dólares de Washington con Brasil en quince años, según datos del propio gobierno estadounidense. La investigación sobre trabajo forzado podría sumar un 12,5% adicional, elevando la carga total al 37,5%, en vísperas de las elecciones presidenciales de octubre. La acumulación de frentes traza el contorno de una política que, a falta de los instrumentos anulados por el Supremo, opera mediante investigaciones sectoriales diseñadas para reproducir por otra vía el alcance global que la Casa Blanca buscaba desde el inicio del segundo mandato.
Fuente Infobae
