En una controvertida resolución diplomática, Venezuela definió retirarse de la Corte Penal Internacional de La Haya, con sede en Países Bajos, apuntando contra fallos tendenciosos y la «persecución» contra su país.
La noticia la confirmó el canciller venezolano, Félix Plasencia González, quien le comunicó por X a António Guterres, titular de la ONU, la «decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI». «Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global», añadió el funcionario.
Asimismo, el canciller planteó que «este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía. Este sesgo no es una simple coincidencia procesal, sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger. Por ello rechazamos esta dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir».
El país aguardaba una resolución de la Corte de la Haya por un conflicto fronterizo con Guyana. Además, se trató de una movida jornada diplomática, en la que Venezuela anunció el inicio de «un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bileterales» con Perú.
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