La Unión Europea empezará este domingo 2 de agosto a aplicar y fiscalizar una nueva etapa de su Ley de Inteligencia Artificial, conocida como IA Act. Desde esa fecha, las autoridades podrán exigir que determinados sistemas informen cuándo una persona interactúa con una IA y permitan reconocer contenidos creados o alterados mediante esta tecnología.
El cambio más visible aparecerá en chatbots, asistentes virtuales, imágenes, audios y videos que imiten hechos o personas reales. Los usuarios deberán recibir un aviso claro cuando conversen con una máquina, mientras que los deepfakes y ciertos textos de interés público tendrán que identificarse como materiales generados o manipulados con IA.
El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea entró en vigor hace dos años, el 1° de agosto de 2024, y se implementa por etapas. Las primeras prohibiciones comenzaron a aplicarse en febrero de 2025 y las reglas para los modelos de propósito general lo hicieron en agosto de ese año. A partir de este fin de semana, la Oficina de IA de la Comisión Europea y las autoridades nacionales comenzarán a supervisar y hacer cumplir el marco regulatorio.
La norma adopta un enfoque basado en el riesgo. Prohíbe usos considerados inaceptables, impone controles estrictos a sistemas que pueden afectar la salud, la seguridad o derechos fundamentales, exige transparencia en aplicaciones capaces de confundir a las personas y deja sin requisitos adicionales a la mayoría de las herramientas de riesgo mínimo.
La aplicación continuará de manera escalonada: las principales obligaciones para sistemas de alto riesgo llegarán en diciembre de 2027 y agosto de 2028, según el tipo de tecnología.
Qué obligaciones empiezan a regir para las empresas de IA
La regulación distribuye las responsabilidades entre quienes ofrecen un sistema de IA y quienes lo utilizan para prestar un servicio o publicar contenido. Para los proveedores, la primera obligación consiste en diseñar chatbots, agentes y avatares capaces de avisar desde el inicio que la interacción se realiza con una inteligencia artificial, salvo que resulte evidente por el contexto.
Además, los sistemas que generen texto, imágenes, audio o video deberán incorporar a sus resultados una marca legible por máquinas. Se trata de una señal técnica que permite detectar el origen artificial del archivo mediante herramientas compatibles. Esta exigencia contempla excepciones para funciones de edición estándar que apenas corrigen el material original y mantienen su significado.
Los responsables de usar esas herramientas también tendrán deberes concretos. Cuando publiquen un deepfake, una imagen, un audio o un video que imita personas, objetos, lugares o acontecimientos existentes y puede parecer auténtico para quien lo recibe, deberán advertir de forma visible o audible que el contenido fue creado o manipulado con IA.
La marca técnica y el aviso dirigido al público cumplen funciones distintas. La primera facilita la detección automática del archivo, mientras que el segundo debe ser comprensible para cualquier persona en el momento de su primera exposición al contenido.
La obligación de etiquetar también alcanza a textos generados o modificados con IA que se publiquen para informar sobre asuntos de interés público. Entre ellos aparecen la política, la salud, la seguridad, la economía, la ciencia y el ambiente. Los textos sometidos a una revisión humana sustantiva o a un control editorial, con una persona o entidad que asuma la responsabilidad de la publicación, quedan exceptuados. Una corrección superficial de ortografía o gramática resulta insuficiente para acceder a esa excepción.
El artículo 50 de la AI Act suma otro requisito para los sistemas de reconocimiento de emociones y categorización biométrica: las personas expuestas deberán conocer que esa tecnología se encuentra en funcionamiento.
Qué contenidos quedan exceptuados y cómo serán las etiquetas
El alcance de la norma excluye el uso personal y ajeno a una actividad profesional. Una persona que crea contenido con IA para una actividad privada queda fuera de estas obligaciones, siempre que ese uso carezca de una finalidad comercial recurrente o de un vínculo con su trabajo.
Las obras evidentemente artísticas, creativas, satíricas o de ficción reciben un tratamiento especial. En esos casos, la advertencia puede presentarse de una forma que preserve la exhibición y el disfrute de la obra. También quedan exceptuados de la etiqueta visible los textos de interés público que hayan atravesado un control editorial real y tengan un responsable legal por su publicación.
La Comisión Europea creó tres iconos de uso gratuito para distinguir contenido hecho totalmente con IA, material parcialmente modificado y piezas en las que intervino esta tecnología. El empleo de esos diseños es voluntario, aunque la obligación de informar dentro de los casos alcanzados por la ley es vinculante.
Los contenidos creados antes del 2 de agosto de 2026 quedan exentos del etiquetado retroactivo. A su vez, los sistemas generativos que ya estaban en el mercado reciben hasta el 2 de diciembre de 2026 para cumplir con la obligación específica de incorporar marcas técnicas legibles por máquinas. La prórroga se limita a ese requisito y el resto de los deberes de transparencia comienza a aplicarse este domingo.
En cuanto al alcance territorial, la norma supera las fronteras del bloque y también abarca a proveedores establecidos en otros países cuando comercializan sus sistemas en la Unión Europea o cuando sus resultados se utilizan dentro de ese mercado.
Cuáles son las multas por incumplir la Ley de IA de Europa
Las infracciones a las obligaciones de transparencia pueden recibir sanciones administrativas de hasta 15 millones de euros. En el caso de las grandes empresas, el límite será el mayor entre ese monto y el 3% de su facturación mundial anual correspondiente al ejercicio anterior. Para las pequeñas y medianas compañías se aplica el menor de ambos topes, junto con criterios de proporcionalidad.
La escala de sanciones del AI Act contempla montos superiores para las conductas más graves. El uso de prácticas expresamente prohibidas puede ser castigado con hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación mundial anual. Entregar información incorrecta, incompleta o engañosa a las autoridades puede derivar en multas de hasta 7,5 millones de euros o el 1% de la facturación global.
El monto final dependerá de factores como la gravedad y la duración de la infracción, la cantidad de personas afectadas, el daño causado, el tamaño de la organización, su grado de responsabilidad y la cooperación con los organismos de control. Las autoridades nacionales de vigilancia tendrán el papel principal, mientras que la Oficina de IA supervisará los sistemas que se encuentran bajo su competencia y el Supervisor Europeo de Protección de Datos controlará a las instituciones del bloque.
Para facilitar la adaptación, la Comisión impulsó un código voluntario con medidas concretas sobre marcas y etiquetas. Cerca de 190 organizaciones ya lo firmaron, entre ellas Anthropic, Google, Meta, Microsoft, Mistral y OpenAI. Las compañías que elijan otro camino deberán demostrar ante las autoridades que sus mecanismos ofrecen un nivel de cumplimiento equivalente.
Por último, la aplicación de estas reglas también despertó reparos en la industria tecnológica. CCIA Europe, una asociación que representa a empresas del sector, advirtió que un uso excesivo de las etiquetas podría saturar al público y reducir su eficacia, especialmente a medida que los avisos lleguen a la publicidad, el cine y el sector editorial.
Para evitar ese efecto, las guías de la Comisión distinguen las marcas técnicas legibles por máquinas de las advertencias visibles, que se concentrarán en deepfakes y textos de interés público publicados sin una revisión humana sustantiva.
De esta manera, la regulación busca conservar la utilidad de las advertencias en los casos con mayor capacidad de confundir o manipular a las personas.
Fuente TN
