La Defensoría del Pueblo bonaerense pidió el juicio político para el juez de Paz Letrado de la ciudad bonaerense de Rojas, Luciano Callegari, al considerar que mostró «negligencia e incumplimiento de sus deberes» ante las denuncias por violencia de género formuladas contra el acusado de matar a Úrsula Bahillo en febrero pasado.
“El juez no defendió a la víctima, demoró dictar medidas de protección y nunca juzgó desde una perspectiva de género, entre otras fallas graves, lo que hizo que el femicidio fuera lamentablemente un final anunciado”, sostuvo el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, al formular el pedido junto a los organismos que forman parte del Consejo para la Prevención de las Violencias (Copreviol).
Úrsula, de 18 años, fue asesinada luego de denunciar varias veces a su expareja, el policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez, por ejercer violencia, amenazas y hostigamientos.
El pedido de jury a Callegari se basa en que «dejó en evidencia un desconocimiento de la normativa de derechos humanos en relación a la tutela de las víctimas de delitos en general, y en especial, de aquellas que sufren violencia de género», indicó la Defensoría en un comunicado.
Además, se considera que «mostró desidia, y ante la progresión de hechos de violencia, sólo administró medidas preventivas con injustificable lentitud y omitió velar por su concreción material, aun cuando el agresor contaba con amplios antecedentes violentos en el ámbito familiar y laboral».
A su vez, el organismo considera que el juez «aplicó una visión sesgada, portadora de estereotipos sexistas y discriminatorios, que quedaron de manifiesto al ordenar una pericia psicológica sobre la víctima en lugar de concentrarse en la figura del agresor».
Úrsula fue asesinada luego de denunciar varias veces a su expareja, el policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez.
Ante este escenario, el pedido de juicio político fue formulado por considerar que Callegari mostró «una grave negligencia en el ejercicio de sus funciones y operó con un evidente desconocimiento del derecho vigente, nacional e internacional, de protección a las víctimas».
Además, hubo «un mal desempeño e incumplimiento de deberes», ya que «no tomó contacto con la víctima; omitió información y asistencia, ni ordenó una asistencia especializada y protección; y demoró injustificadamente el dictado de medidas ni controló la efectividad de éstas».
Tampoco tomó ninguna medida ante la desobediencia del acusado ni requirió información a su lugar de trabajo, que hubiera mostrado las denuncias por violencia que ya tenía, e incumplió el deber de juzgar con perspectiva de género, de administrar justicia sin el uso de estereotipos y prejuicios, agregaron desde la Defensoría.
“Un repaso por los hechos nos muestra que fue otra muerte que se podría haber evitado», puntualizó Lorenzino.
