Familiares de presos políticos protestaron el lunes en Caracas para exigir al gobierno interino de Venezuela que publique la lista completa de los excarcelados y acelere las liberaciones prometidas hace diez días, en medio de las negociaciones con la oposición auspiciadas por Estados Unidos.
Morales reclama la excarcelación de su hermano, condenado por su participación en el caso Gedeón, nombre con el que se conoció una fallida incursión marítima que, según la versión oficial, buscaba forzar la salida del país de Nicolás Maduro. La manifestante calificó de “cuentagotas” el goteo de liberaciones registrado hasta ahora.
La organización no gubernamental Foro Penal, que verifica de manera independiente cada caso, había confirmado 81 excarcelaciones hasta el 17 de agosto, muy por debajo de la cifra anunciada por las autoridades. La entidad ha insistido en que solo divulga balances corroborados directamente y que el proceso de verificación continúa. Entre los primeros liberados figuró Emirlendris Benítez, detenida desde 2018 y cuyo delicado estado de salud había sido señalado en reiteradas ocasiones por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El gobierno interino sostiene que, desde la captura de Maduro, ha excarcelado a 1.046 presos políticos, una cifra que las organizaciones de derechos humanos no han podido corroborar de forma independiente. Foro Penal había reportado el 10 de agosto que aún permanecían detenidas 391 personas por motivos políticos.
Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en el diálogo con el gobierno interino, sostuvo tras la primera ronda de negociaciones que un país en transición democrática no puede mantener presos políticos.
Los manifestantes marcharon después hacia el Ministerio del Interior, Justicia y Paz, y señalaron a su titular, Diosdado Cabello, como un obstáculo para las liberaciones. Cabello, figura histórica del chavismo, permanece en el cargo pese a estar acusado en Estados Unidos por presunto narcotráfico y ser objeto de una recompensa de USD 25 millones ofrecida por Washington. Una barrera policial con vallas metálicas impidió el paso de la marcha hacia la sede del ministerio.
“Los presos políticos no son negociación” y “Delcy libera, la familia los espera” fueron algunas de las consignas coreadas durante la protesta, en la que los asistentes vistieron camisetas blancas y portaron pancartas con los nombres de sus familiares detenidos.
El grupo entregó además un documento ante el Ministerio Público en el que reclama la liberación de 300 presos políticos que, según sus registros, continúan bajo custodia del Estado pese a los anuncios oficiales.
La brecha entre la cifra que maneja el Gobierno y la que logran verificar los organismos independientes se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción del proceso de reconciliación que negocian Caracas y la oposición.
Fuente Infobae
