El Gobierno de Italia prohibió el uso del burka y el niqab en las escuelas e impuso multas de hasta 1.000 euros por incumplimiento, dentro de un decreto que también fijó límites para la distribución de estudiantes con escaso dominio del italiano y estableció cursos lingüísticos gratuitos para sus familias.
En ese marco, la primera ministra Giorgia Meloni presentó el decreto como un conjunto de medidas destinadas a ordenar la integración en el sistema educativo. La jefa de Gobierno sostuvo que las nuevas reglas buscaron evitar la formación de clases con alta concentración de alumnos que requieren apoyo lingüístico y dar a todos los estudiantes las mismas oportunidades dentro de las aulas.
Por otra parte, el decreto incorporó un tope del 30% para determinados alumnos sin ciudadanía italiana en las clases de primer año de primaria, secundaria inferior y secundaria superior. El criterio no se aplicará de forma automática a todos los estudiantes extranjeros, sino a quienes presenten condiciones vinculadas con su trayectoria escolar y el conocimiento del idioma.
A su vez, el Ministerio de Educación y Mérito encomendó a las oficinas escolares territoriales la distribución de los alumnos con mayores dificultades lingüísticas entre centros cercanos cuando la demanda de matrícula supere ese umbral. El decreto previó excepciones cuando esa reorganización no resulte posible, entre ellas las vinculadas con el domicilio del estudiante y la garantía del derecho a la educación.
Para esos casos, las escuelas recibirán recursos para reforzar la enseñanza del italiano. La norma creó un fondo de 3,4 millones de euros para 2027 y de 14,14 millones de euros anuales desde 2028, destinado a financiar actividades extracurriculares de mejora de las competencias básicas en lengua italiana.
El ministro de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara, indicó que el objetivo del límite respondió a una cuestión lingüística y no a un criterio exclusivo de ciudadanía. El Gobierno registró alrededor de 34.000 clases con una proporción superior al 30 % de estudiantes nacidos en el extranjero, aunque dentro de ese número figuran alumnos con conocimiento suficiente del idioma.
Los establecimientos podrán ampliar sus planteles docentes o recurrir a acuerdos con centros provinciales de educación de adultos, entidades del tercer sector y organismos presentes en cada territorio.
(Con información de Europa Press)
Fuente Infobae
