El intendente Llamil Abdala, tomó juramento a los integrantes de su gabinete, conformado a partir de la reorganización administrativa que anunció en su primer discurso a través de un decreto de emergencia económica, financiera, administrativa y de servicios.
El equipo quedó integrado por el abogado Pablo Edgardo Donato De Bonis como secretario de Gobierno; la contadora Gabriela Alejandra Riquelme como secretaria de Economía y Finanzas; y el Técnico Maestro Mayor de Obras Ramón Antonio Suárez como secretario de Obras, Planeamiento y Desarrollo Urbano.
En el nivel de subsecretarías juraron Carlos Federico Scrimini, en Ingresos Públicos y Catastro; la abogada María Lucía Corlli, en Derechos Humanos y Políticas Ciudadanas; y la arquitecta María Catalina Alcorta, en Planeamiento y Desarrollo Urbano.
La nueva estructura limita el Departamento Ejecutivo Municipal a tres secretarías y cuatro subsecretarías, que además deberán reducir un 60% las estructuras organizativas y funcionales de sus áreas, entre direcciones, departamentos, oficinas y coordinaciones.
Según explicó Abdala, el objetivo es “racionalizar el funcionamiento, reducir los gastos de conducción política, fortalecer la responsabilidad y mejorar la prestación de los servicios públicos”.
Los ejes del decreto de emergencia El decreto declara la emergencia por el término de un año con la finalidad, según detalló el intendente, de “restablecer el equilibrio económico y financiero, garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales, ordenar las obligaciones y verificar la legalidad y eficiencia en la gestión administrativa comunal”.
La norma restringe la incorporación de personal en cualquier modalidad, la cobertura de vacantes, los pases a planta permanente y la creación de cargos. Además, deja sin efecto los actos administrativos dictados desde el 1° de enero de 2026 que hayan dispuesto contrataciones, designaciones, incorporaciones, pases a planta permanente o modificaciones de la modalidad de vinculación, incluidos decretos, resoluciones, contratos y adendas.
Abdala aclaró que la medida no afecta los servicios esenciales ni a quienes cumplen con su trabajo: “No compromete la estabilidad de los empleados que realicen sus labores con responsabilidad y regularidad”.
El decreto también instruye una auditoría integral de las compras, contrataciones y pagos de los últimos 12 meses, para lo cual se tomarán medidas de preservación de la documentación física y digital de las áreas de Tesorería, Contaduría, Personas y Compras y Suministros.
Los resultados se pondrán a disposición del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía Municipal, que determinarán los pasos a seguir conforme a la Carta Orgánica.
