Un hombre, presuntamente habitante de calle, sufrió graves quemaduras tras provocar la explosión de un transformador de energía mientras intentaba robar sus cables en el sector de El Parador, en el corregimiento de Pedregal.
La ropa que llevaba puesta quedó prácticamente destruida por el fuego.
Según relataron, la piel se le desprendía en distintas partes del cuerpo a causa de las quemaduras.
El hurto de cables eléctricos se ha consolidado en Panamá como una modalidad delictiva que combina un fuerte componente económico, por el valor del cobre y otros metales, con consecuencias humanas y sociales de alta gravedad.
Esto incluye lesiones severas, muertes y afectaciones a servicios esenciales como agua potable, energía, educación y transporte público.
Hasta el momento se desconoce el estado de salud del hombre, aunque las lesiones visibles no correspondían a quemaduras de primer grado.
La información disponible no especifica si el transformador estaba protegido por caseta, malla o señalización, debido al simple hecho de que un habitante de calle haya podido acercarse y manipularlo con suficiente libertad como para intentar cortar cables.
Esto indica un nivel de exposición de la infraestructura que podría ser objeto de revisión por parte de la empresa eléctrica o autoridades reguladoras.
El episodio reavivó el temor entre los residentes del sector, quienes recordaron que, hace exactamente cuatro años, otra persona sin techo murió electrocutada en ese mismo lugar al intentar sustraer cables eléctricos.
Manipular cables de alta tensión sin las medidas de seguridad adecuadas equivale a una sentencia de muerte, dado que cualquier chispa o cortocircuito puede desencadenar una explosión como la registrada esta vez en Pedregal.
Este tipo de hechos no se considera un simple hurto. De acuerdo con el Código Penal de Panamá, cuando el cable sustraído está destinado a un servicio público, como el suministro eléctrico, el delito se tipifica como hurto agravado conforme al artículo 184.
Esa figura contempla penas de entre 30 meses y seis años de prisión.
La norma se endurece todavía más cuando la manipulación de los equipos provoca un daño grave a la infraestructura o deja sin servicio a la comunidad. En ese escenario se aplica el delito contra la seguridad colectiva, previsto en el artículo 298, con penas de entre cinco y 10 años de cárcel.
El historial de la zona, con una muerte confirmada y ahora un herido grave por la misma causa, expone la vulnerabilidad de los equipos de alta tensión frente a intentos de robo que terminan en tragedia.
Las autoridades locales no han informado hasta el momento sobre medidas adicionales de resguardo para los transformadores del sector.
Mientras tanto, la comunidad de El Parador quedó marcada por la escena, difundida en video, y por el recuerdo de un hecho casi idéntico ocurrido cuatro años atrás en el mismo punto de Pedregal.
Junto a este episodio, se registran en los últimos años diversos hechos en provincias como Coclé y Colón donde individuos han muerto electrocutados al intentar cortar cables de alta tensión.
A esto se le une múltiples actos de vandalismo y hurto de cableado que han dejado sin agua a comunidades, han paralizado proyectos estratégicos como la Línea 3 del Metro y han puesto en jaque el funcionamiento de centros educativos con pérdidas económicas significativas.
Fuente Infobae
