El canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, descartó en las últimas horas que su país tenga que solicitarle autorización a la Argentina por la navegación del buque Danstar, que partirá desde Punta Arenas hacia las islas Malvinas. En ese sentido, invocó el derecho a libre navegación de Naciones Unidas y expresó que “los países no piden permiso”.
Los dichos del funcionario se dieron tras las declaraciones de su par argentino, Pablo Quirno, quien sostuvo que la embarcación debe pedir permiso para cruzar aguas jurisdiccionales argentinas.
“Por el estrecho de Magallanes pasan miles de barcos por año. Miles piden autorización para cruzar cuando salen hacia las Malvinas”, señaló el lunes en el canal A24.
Ante los cuestionamientos argentinos, el canciller chileno precisó que “Chile cree en el derecho para la libre navegación (…) o paso inocente, como se llama en el derecho marítimo de la Convemar (Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar). Y confiamos que ese derecho se respetará”.
Luego de 15 años suspendida, el viaje de Danstar, de la naviera Easter Island, busca reinaugurar la ruta comercial hacia Puerto Argentino en diciembre, con un cargamento de alimentos, maquinaria y materiales de construcción, de manera alternativa al abastecimiento que opera de manera regular desde Montevideo, Uruguay.
La iniciativa entre privados permitirá a los habitantes de las islas acceder a algunos productos, tras una iniciativa de la Development Corporation Falkland Islands. “Queremos ser el gran supermercado de las islas”, afirmó en su momento el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.
No obstante, este viaje inquieta al gobierno libertario debido a la intención de Reino Unido de explotar petróleo en la zona. Por ello, el canciller Quirno recordó el “compromiso del gobierno chileno de que esto no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas”.
En el segundo día de audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la delegación argentina volvió a criticar la postura del Reino Unido y reclamó la suspensión del proyecto extractivista Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas. Además, insistieron en la competencia prima facie de la corte, el riesgo de perjuicio irreparable y la urgencia de un fallo provisional: «Es ahora o nunca».
El especialista Marcelo Kohen, uno de los tres miembros del equipo argentino ante el Tribunal encabezado por la secretaria Legal y Técnica de Casa Rosada, María Ibarzabal, e integrado por Nico Schrijver, remarcó que la disputa por la soberanía «no transforma las áreas marítimas alrededor de las Malvinas en una especie de mar británico donde el Reino Unido sería libre de explotar recursos como le plazca”.
En idioma francés, uno de los idiomas aceptados por el Tribunal Internacional del Mar, cuestionó severamente al Reino Unido por pretender ejercer soberanía sobre la plataforma continental ignorando que es una cuestión aún no resuelta. Además, aclaró que no hay necesidad de que el Tribunal se expida sobre el tema de la soberanía para ordenar medidas provisionales que preserven los derechos de las partes.
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