La oposición de La Rioja volverá a presentarse en la Corte Suprema de Justicia por la consulta popular que habilitó al gobernador Sergio Casas a presentarse a un tercer mandato, tras las fuertes diferencias de interpretaciones entre el oficialismo y Cambiemos por un artículo de la Constitución provincial.
Solo votó un 44% del padrón: el «Sí» obtuvo el 25,27% y el «No» el 17,90%, con el 98,9% de las mesas escrutadas. Además de 0,42% de nulos, 0,04% recurridos y 0,32% en blanco. El peronismo local asegura que la consulta, al no haber sido rechazada por el 35% del padrón, permite una nueva re-reelección del gobernador. Mientras que en Cambiemos consideran que según la Constitución provincial la decisión debe ser aprobada por el 35% de los votantes.
El artículo 84 de la Carta Magna de La Rioja establece: «Toda propuesta que sea sometida a consulta popular obligatoria se tendrá por rechazada por el pueblo si una mayoría de más del treinta y cinco por ciento de los votos de los electores inscriptos en el Registro Electoral no la aprueba».
El presidente del Tribunal Electoral provincial Luis Brizuela indicó en diálogo con TN: «La Constitución de La Rioja exige que para que la enmienda sea rechazada hace falta que más del 35% del padrón electoral no la apruebe, algo que no sucedió», indicó.
El Fiscal de Estado de La Rioja Héctor Durán Sabas dijo previo a la difusión de las cifras oficiales que la Consulta fue legítima y que «no se consiguieron los guarismos para ser rechazada». «La aceptación ha sido contundente, y es esa la palabra para usar. Por ahí se ha dicho que si una persona no ha ido a votar se lo debe interpretar como un ‘No’. Bueno es una interpretación rebuscada», afirmó.
«La Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó la Consulta Popular. Entonces, no podemos desmerecer la voluntad del pueblo que votó por el ‘Sí’, pero la oposición está en todo su derecho de apelar donde se le ocurra», indicó.
Desde Cambiemos La Rioja indicaron que antes de la difusión de datos oficiales «más del sesenta por ciento de los riojanos se negó a participar de la enmienda popular para modificar la constitución provincial» y que «el gran ausentismo de la ciudadanía en las urnas es un mensaje contundente, de rechazo a las pretensiones re-reeleccionistas de (Sergio) Casas».
El senador Julio Martínez, legislador de Cambiemos y Fuerza Cívica Riojana, dijo que los seguidores de Casas «seguramente querrán interpretar este resultado a favor de ellos, pero más allá de que la quieran vender, hoy perdieron». «Esta maniobra (por la consulta) quedó deslegitimada», afirmó.
La Cámara de Diputados de La Rioja sancionó el 19 de diciembre de 2018 la Ley 10.161 y aprobó una enmienda al artículo 120 de la Constitución de la provincia, que es una de las formas que está prevista para su modificación, por medio de la cual la Cámara puede cambiar hasta 3 artículos de la misma.
El artículo 120 estipula que «el gobernador y vicegobernador serán elegidos directamente por el pueblo de la provinciaa simple pluralidad de sufragios. Duran en sus funciones el término de cuatro años sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda motivar su prórroga». Concluye: «Podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un periodo».
Este artículo indica también que «la Cámara de Diputados de la Provincia podrá sancionar con el voto de los dos tercios de sus miembros la enmienda de esta Constitución, que no podrá exceder de tres artículos, y sólo quedará incorporada al texto constitucional si fuere ratificada por consulta popular, que tendrá lugar en oportunidad de la primera elección general que se realice».
Será la segunda vez que la oposición recurrirá a la Corte tras el rechazo del máximo tribunal al amparo que presentaron, en una resolución a la que se llegó después de recibir un dictamen de la Procuración General que consideró que el conflicto debía resolverse en el ámbito de la justicia riojana. El fallo fue firmado por mayoría, con el respaldo de Elena Highton, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y la disidencia del presidente del tribunal Carlos Rosenkrantz.
