Durante varias carillas, Carrió cuestionó que se haya calificado de “falsa denuncia” sus acusaciones contra Marchi y el propio Lorenzetti, que no se dedica a “difamar” y sostuvo que como funcionarios públicos era su obligación denunciar. Aclararon que pese a considerar que la información que presentaron ante la Justicia era “veraz”, la misma “había llegado a nuestras manos sin constarnos su origen”. Parte de esos datos se suponen que estaban bajo secreto fiscal de la AFIP, cuya divulgación constituye un delito.
Carrió rebatió los motivos por los que podría ahora quedar expuesta a ser investigada por posible falsa denuncia y el montaje de una “operación de prensa” apoyada en su inmunidad parlamentaria. Adujo que todo por lo que Marchi la acusó en sede civil “se trataría de opiniones o discursos, emitidos en el desempeño de nuestro mandato de legisladores de la Nación, y por tal, conforme la garantía establecida por el art. 68 de la Constitución Nacional, no podemos ser acusados, ni interrogados judicialmente ni molestados siquiera, por ellas”. Subrayó esto último diciendo que había relación entre la denuncia penal y lo que sostuvo en declaraciones públicas sobre quien era considerado la mano derecha de Lorenzetti en la Corte. Reafirmó que bastaba que exista relación con la posible función legislativa para que opere la inmunidad que perdió.
En su reclamo al máximo tribunal para que trate el caso, Carrió indicó que la sentencia de la Sala B debe ser considerada “definitiva” porque “causaría un evidente gravamen irreparable a ambos recurrentes, que deberán atravesar todo un proceso civil en el que incluso podrán ser sometidos a un interrogatorio judicial, cuando la norma constitucional ha sido dictada precisamente para evitar dichas circunstancias y los efectos negativos que las mismas pudieran generar sobre la actividad de los diputados nacionales”. Lo salpimentaron: agregaron que existe “gravedad institucional” por las consecuencias que este fallo tendría para la sociedad.
Arremetió además contra la Cámara Comercial a la que acusaron de adelantar opinión “indebidamente”, en lugar de diferir el asunto al final del juicio lo que podría constituir “desvío de poder” en el caso de Parrilli. Por eso van también por su apartamiento. Su principal argumento: la decisión de denunciar un hecho como posible ilícito penal también debe ser considerada como la expresión de una opinión ante una circunstancia conocida por los diputados.
Sobre Lorenzetti exigieron que se excuse y que si no sea apartado por sus pares porque “posee interés directo” en la demanda y el “notorio conocimiento de la relación de enemistad existente entre el juez Lorenzetti y la diputada Elisa Carrió”, sostuvo el escrito al que accedió Ámbito Financiero. La apelación es una brasa caliente para la Corte cuyas consecuencias se medirán a nivel más político que judicial.
Gabriel Mrini/Ámbito
