Según esa institución, que ya había fijada para el pasado 10 de octubre la eutanasia de quien se convertiría en la primera persona en morir dignamente en Colombia pese a no ser paciente terminal, un comité científico interno revisó el caso y lo canceló, argumentando que la ley se lo permitía.
Para el juez Omar Vásquez, del Juzgado 20 de Circuito Civil de Medellín, el Instituto Colombiano del Dolor le vulneró a Sepúlveda su derecho a morir dignamente, dado que cumplía con los «requisitos» para acceder a ese procedimiento.
Tanto el gobierno de Iván Duque, a través del Ministerio de Salud, como la iglesia católica han puesto interrogantes sobre el derecho a la eutanasia esbozando todo tipo de argumentos, pese a que la Corte Constitucional amplió este año la posibilidad de que las personas con enfermedades graves e incurables accedan al derecho a morir dignamente.
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