La necesidad de desactivar el paro general que se organiza para la última semana del mes puede llevar al Gobierno a cometer lo que sería su primera «traición» a sus principios neoliberales: obligar a las empresas a pagar una compensación por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios a partir de la escalada inflacionaria. El bono de fin de año que se acordó el martes por $5.000 pagaderos en dos cuotas pasó de ser optativo a ser obligatorio a partir de la presión sindical, pero beneficiará solo a empleados formales del sector privado y excluye a empleados públicos, jubilados, pensionados, beneficiarios de planes y fundamentalmente al tercio de los trabajadores que está en la economía en negro.
La pérdida del salario a lo largo del año es muy superior a los $5.000 que reconoce el gobierno. Un informe de la Secretaría de Trabajo reconoce que a septiembre cayó 15,1% el poder adquisitivo, como diferencia entre los incrementos promedios de salarios bajo convenios colectivos y la inflación registrada. El INDEC había anticipado que a agosto esa caída fue de 9,4% como diferencia entre el Coeficiente de Variación Salarial y la inflación. Otro trabajo, del CEPA, estimó una pérdida de poder de compra a lo largo del año equivalente a entre $30.000 y $35.000: esto es, lo que significa la pérdida de poder adquisitivo medida en monto absoluto.
Fuente: MinutoUno
