La ministra de Salud de Santa Cruz, Rocío García, será denunciada penalmente por el Tribunal de Cuentas de la provincia por graves irregularidades en la administración de un hospital, entre ellas haber tercerizado el servicio del establecimiento a través de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Santa Cruz.
Los auditores del tribunal encontraron información suficiente como para presumir que existió un delito y solicitar que la Justicia investigue penalmente a los responsables de la administración del hospital Fernando Peliche. Demostraron que en 2016 se triangularon $ 36 millones a través de la UTN para contratar personal bajo la categoría de monotributistas sin ningún tipo de control y violando la ley de contrataciones laborales.
El acuerdo para avanzar contra la mujer de Máximo Kirchner tiene gran impacto en una provincia donde los organismos de control estuvieron bajo el control férreo del kirchnerismo en los últimos 26 años y en la que la Justicia no avanzó en las causas de corrupción que involucraban al poder.
Una de las causas emblemáticas de esos años fue la que se abrió para averiguar el destino de los 1200 millones de dólares en regalías petroleras que Néstor Kirchner depositó en el exterior. El expediente terminó archivado. Los jueces y fiscales que quisieron investigar fueron apartados de sus cargos o perseguidos desde el poder. El Tribunal de Cuentas, en aquel entonces, permaneció en silencio.
El posible delito que ahora deberá investigar la justicia provincial tiene como eje el ex Centro Articulador de Políticas Públicas inaugurado en 2015 por el gobierno nacional y al frente del cual estuvo García como coordinadora de salud. En diciembre de 2015, a través de un decreto, fue transferido por 10 años. Un año después, el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, dispuso que regresara a la órbita de la provincia.
Durante 2016, el gasto en personal administrativo y médico del hospital Fernando Peliche ascendió a $ 36 millones. El personal era contratado y sus facturas de monotributistas abonadas a través de la UTN Santa Cruz.
Tanto las autoridades de la universidad como las del Ministerio de Salud negaron ante los auditores y la escribana mayor de gobierno de la provincia contar con legajos del personal contratado.
La investigación también determinó que con la triangulación de contratos se generó «una delegación formal de competencias del Ministerio de Salud y el renunciamiento a los mecanismos de control que le son propios», incluido «el control de los servicios de salud en todos sus aspectos y del personal que prestaba servicios en el hospital».
Los auditores detallaron que por la tercerización, la UTN Santa Cruz recibía el 10% del monto de los contratos. Avanzaron con la denuncia penal por considerar que, además de delegación de competencias esenciales a cargo del Ministerio de Salud, hubo precarización laboral, delegación y ausencia de control en los servicios de salud, y desvío de fondos de Salud hacia la sede provincial de la UTN.
La denuncia del Tribunal de Cuentas se suma a otras complicaciones que ya tiene García por su desempeño al frente del mismo hospital. Anteayer, de hecho, Clarín reveló una auditoría ordenada por el Ministerio de Salud de la Nación que detectó el faltante de equipamiento perteneciente a la cartera por casi $ 8 millones.
A ello se agrega una denuncia anterior por una partida de 17.000 kilos de leche que fueron entregados por el gobierno nacional a Santa Cruz entre 2014 y 2015. Debían ser distribuidos entre los sectores necesitados, pero nunca se repartieron y se dejaron vencer en los galpones de la provincia.
La Nación
