No se trata de cifras sueltas. Es la grave situación que transita la Argentina y que golpea crudamente a los chicos menores de 17 años. Detrás de cada dato hay rostros y vidas castigadas. El 41,2% de los niños del país vive en estado de pobreza estructural, lo que representa a unos 4,7 millones de chicos cuyos padres no tienen ingresos suficientes para vivir, están mal alimentados, duermen en casas sin agua potable o cloacas, tienen problemas para acceder a la educación y escaso nivel de atención sanitaria.
La situación se agravó en los últimos años. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA): mientras que en el 2017 el 37,1% de los niños en Argentina estaba alcanzado por esta pobreza estructural, en el 2018 esa cifra llegó al 41,2% de menores cuyas familias tienen ingresos insuficientes sino que además no están cubiertos por más de un derecho básico.
“La pobreza de los niños debe medirse más allá de los ingresos y visualizar todas las carencias que hay en la población menor de la Argentina que se incrementaron sustancialmente en los últimos años”, reflexionó ante Infobae, Ianina Tuñón, investigadora Responsable del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA.
Según las estimaciones del estudio, en el 2018 el 63,4% de los niños y adolescentes estaba privado de al menos un derecho y el 51,7% vivía en hogares pobres. Un 41,2% de la infancia era doblemente pobre (en el ejercicio de derecho y por pobreza monetaria). Esta doble carencia se incrementó entre 2017 y 2018 en 4,1 por ciento.
Cuando se analiza la propensión a la pobreza multidimensional, se advierte que dentro del 63,4% de chicos que no logran ejercer plenamente al menos uno de los derechos considerados, un 18,9% no logra hacerlo en niveles “humanamente inaceptables”.
En este contexto de incremento de pobreza estructural hay más datos alarmantes en la situación de la niñez en Argentina: en el 2017 había un 7,1% de chicos con problemas de alimentación y esta problemática se agravó ya que el año pasado se registró un 11,2% de esta privación de derechos.
Infobae
