El Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden abrió un centro de detención para niños migrantes en el estado sureño de Texas, la primera medida de este tipo tomada por las flamantes autoridades demócratas, que generó críticas entre activistas y defensores de los derechos humanos.
«Docenas de adolescentes migrantes abordaron camionetas el lunes para emprender el viaje por un camino polvoriento hacia un antiguo campamento de trabajadores petroleros, la primera instalación para niños abierta por el Gobierno de Biden», reveló en lanoche del lunes el diario The Washington Post.
Se trata del «una instalación de emergencia» en la localidad de Carrizo Springs, abierta en 2019 y usada sólo durante un mes por el Gobierno del exmandatario Donald Trump, que ha sido recuperada para alojar hasta 700 menores de entre 13 y 17 años, agregó el periódico.
Desde el Gobierno, argumentaron la reapertura ante la creciente llegada de menores solos -en enero 5.700 fueron interceptados en la frontera, un máximo para dicho mes en los últimos años- y por la reducción casi a la mitad de la capacidad en el resto de centros por la pandemia de coronavirus.
Sin embargo, la iniciativa generó polémica por ser contraria a las promesas de campaña del líder demócrata, quien aseguró que daría marcha atrás con las políticas de inmigración más duras de Trump.
De hecho, durante el mandato del magnate republicano, los demócratas criticaron instalaciones como las de Carrizo Springs por su alto costo (una media de 775 dólares diarios por niño), sus condiciones de detención y la falta de transparencia en sus operaciones.
«Es innecesario, es costoso y va absolutamente en contra de todo lo que Biden prometió que iba a hacer», dijo Linda Brandmiller, una abogada de la ciudad fronteriza de San Antonio que representa a menores no acompañados.»Es un paso atrás, eso es lo que es. Es un enorme paso atrás», sentenció.
Una opinión compartida por la activista Rosey Abuabara, quien criticó el costo desproporcionado y la perpetuación de un programa que se beneficia de retener a los niños migrantes, trasladados a áreas remotas que, a su juicio, cuentan con poca supervisión.
«Lloré cuando leí que iban a abrirlo de nuevo», dijo Abuabara, quien fue arrestada por protestar frente al campamento de Carrizo en 2019, consignó la cadena Telemundo.
No obstante, Mark Weber, un vocero del Departamento de Salud, aseguró que el Gobierno de Biden se está alejando de lo que impulsó Trump y busca que predomine el bienestar infantil.
En su primer mes en el cargo, Biden firmó varios decretos para revertir muchas de las políticas migratorias restrictivas de su antecesor, como la expulsión de los niños no acompañados, y presentó un plan para legalizar a 11 millones de inmigrantes indocumentados.
Según Weber, sería preferible alojar a los niños en refugios permanentes en lugar de en instalaciones de emergencia como la de Carrizo Springs, pero afirmó que casi la mitad de esas camas son inutilizables durante la pandemia.
El portavoz aseguró que el objetivo del Gobierno es que los niños permanezcan un máximo de 30 días en este albergue de Texas, que explicó cerrará cuando termine la crisis de la Covid-19.
De momento, Weber precisó que unos 7.000 niños están bajo custodia de la cartera sanitaria, más del 90% de la capacidad exigida por los protocolos contra el coronavirus.
Los gestores de casos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados trabajan con los niños para identificar y comprobar los antecedentes de los tutores, algo que puede demorarse por tiempo indeterminado.