El Gobierno desplegará en los próximos días la vieja escuela política de profundizar la fragmentación interna que existe en la CGT para tratar de licuar el poder de fuego del paro general, previsto por la central obrera para el lunes 25 de junio en señal de protesta a la administración de Mauricio Macri.
Para poner en marcha esta estrategia de agudizar las divisiones internas el Gobierno avanzó en conversaciones reservadas con el ala más dialoguista de la CGT y a la vez habilitó por decreto la instrumentación de un fondo de 4.500 millones de pesos para las obras sociales de los gremios.
El plan ya empezó a desplegarse desde el Ministerio de Trabajo que lidera Jorge Triaca como desde la Jefatura de Gabinete con algunos sindicalistas amigos de la Casa Rosada.
«El Gobierno seguirá apostando al diálogo y la búsqueda de soluciones porque el paro nacional no ayuda en nada a la Argentina y está muy ajeno a la realidad en que vive el país», dijo Triaca en diálogo con Infobae.
En esta estrategia de acercamiento con los gremios dialoguistas el Gobierno emitió el viernes pasado el decreto 554/2018, que impulsa un programa de emergencia e infraestructura de 4.500 millones de pesos que apunta a instruir un subsidio de «mitigación de las asimetrías».
El decreto que se publicó el viernes en medio de los cambios de gabinete y pasó desapercibido tienen varias líneas de acción: la atención primaria de la salud, la homologación de sistemas de obras sociales, la infraestrucura misma de las obras sociales y el reordenamiento del sistema de obras sociales para el subsidio de las pequeñas obras sociales.
Se trata de un subsidio global de 4.500 millones de pesos que obra como una habilitación del uso de esos fondos. Es decir, no son transferencias directas del Estado sino fondos que en adelante podrán usar las obras sociales. Además, está incluido allí un subsidio para los jubilados destinado a los que siguen en su obra social pero que desde el PAMI y el sistema social les aporta al sistema solidario. Estos fondos aumentarán el valor al aporte a los jubilados -que estaba en unos 400 pesos per capita y que ahora se llevará a 900 pesos mensuales.
Por medio del decreto 554/2018 se busca habilitar unos 4.500 millones de pesos para el Fondo de Emergencia y Asistencia de las obras sociales, aplicable a la financiación de prestaciones médicas de de baja incidencia y alto impacto económico y a los programas de tratamientos prolongados.
En esta apuesta del Gobierno con las obras sociales y el diálogo con la CGT más amable con la Casa Rosada la lectura política es bien clara: se buscará debilitar a la central obrera para atenuar el impacto del paro nacional.
Así, el Gobierno buscará seguir la senda de intercambio de opiniones e ideas en reserva con gremios como los denominados Gordos e Independientes de la CGT, los gastronómicos que lidera Luis Barrionuevo, SMATA, Luz y Fuerza o la UOCRA. En contraposición a estos se ubican los sindicatos más duros con el gobierno de Macri como son los Camioneros de Moyano, la CTA de los Argentinos, de Hugo Yasky; la CTA Autónoma de Pablo Micheli; Suteba; el gremio de Canillitas; los metrodelegados y ATE, entre otros.
La mayor apuesta de esta jugada del Gobierno se concentra en un gremio clave por estas horas: la Unión Tranviaria Automotor (UTA) que lidera Roberto Fernándezy que hasta ahora adelantó que adherirá al paro nacional por ser «críticos a la política económica que lleva adelante el gobierno».
El ministro de Trabajo y el Gobierno en pleno saben que la posibilidad de que se levante el paro nacional del 25 es muy remota. Pero admiten en reserva que si logran morigerar la adhesión de la UTA que es la que moviliza a los trabajadores que no quieren parar se atenuará el impacto de la medida de fuerza. «Faltan varios días y hay que seguir dialogando», se entusiasman en la Casa Rosada.
De esta manera, la intención es limar las diferencias internas que existen en la CGT para así poder atenuar el impacto de la protesta. Por lo pronto, se buscó que el día del paro no haya movilización en la Plaza de Mayo pare evitar desmanes o una fotografía de la cual el camionero Hugo Moyano usará para su beneficio.
En otra instancia de negociación Triaca también estaría dispuesto a aceptar el cambio de fórmula de las indemnizaciones, el principal motivo de rechazo de los gremios al proyecto de reforma laboral que impulsa la Casa Rosada.
No está previsto desde el Gobierno la eliminación de Ganancias para el medio aguinaldo porque creen que ese es un reclamo que lidera Moyano para los sectores de trabajadores de más de 40.000 pesos, que no son los que más atención requieren ahora.
En paralelo a todo ello, se buscará aislar a Moyano de los sectores más dialoguistas de la CGT con medidas legales concretas como la aplicación de sanciones millonarias que se impuso a Camineros por romper con la conciliación obligatoria y recurrir el paro el jueves pasado en medio del debate con los empresarios.
