En pleno inicio del ciclo lectivo 2026, el sistema universitario nacional enfrenta una de sus mayores crisis recientes debido a la acuciante situación salarial de los trabajadores docentes y no docentes de las casas de estudio. A raíz de eso, el panorama promete recrudecer en los próximos días: las asociaciones docentes convocaron a un paro nacional desde el 16 de marzo, exigiendo que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario y se convoque a paritarias.
Al día de hoy, su aplicación se encuentra completamente paralizada pese a existir un fallo judicial que obliga al Gobierno a realizar esa transferencia. Para ganar tiempo, el oficialismo presentó un contraproyecto con menores incrementos bajo la promesa de que, en caso de aprobarse, darán los fondos para su aplicación.
En diálogo con TN, el titular del CIN, Oscar Alpa, remarcó que el “93% del presupuesto universitario se destina a salarios, que están totalmente deprimidos” y advirtió que numerosos docentes han debido renunciar por los bajos haberes. La posición oficial del ente es la del cumplimiento de la ley vigente.
El presupuesto universitario registra su nivel más bajo en casi veinte años. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, los salarios docentes perdieron 29% de poder adquisitivo frente a la inflación y el gasto en universidades cayó 30,4% real respecto al mismo lapso de 2023, según datos calculados por Chequeado. Para 2025, la caída real supera el 32%. Datos del portal Presupuesto Abierto muestran que, a esta altura del año, las transferencias a la gran mayoría de las universidades se ubica en el 16%.
Es por eso que las principales organizaciones docentes, como la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires y la CONADU, reclaman que se pague el 51% de recomposición salarial pendiente y denuncian el incumplimiento de la ley aprobada en octubre de 2025 por el Congreso, que ordena actualizar salarios y partidas presupuestarias al ritmo de la inflación. Frente a la falta de respuesta, anunciaron paros, movilizaciones y la posibilidad de extender las medidas “por tiempo indeterminado”.
Cifras consignadas por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) indican que el proyecto del Gobierno no actualiza la garantía salarial congelada hace un año, por lo que hay docentes que siguen cobrando $250.000; muchos de ellos por un trabajo de 10 horas semanales.
La actual Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada tras varios vetos presidenciales revertidos por el Congreso. Esa norma obliga a recomponer salarios de docentes y no docentes en función de la inflación registrada desde diciembre de 2023, exige actualizaciones en gastos de funcionamiento y partidas para hospitales, ciencia y técnica y ordena la convocatoria periódica de paritarias con mecanismos de ajuste automático.
Sin embargo, en diciembre de 2025, el Gobierno nacional promulgó la ley pero suspendió su ejecución hasta definir nuevas fuentes de financiamiento mediante el Presupuesto, lo que llevó al CIN a presentar un amparo judicial. El juez federal Enrique Cormick falló a favor de los rectores y ordenó la aplicación inmediata de la norma. En febrero de 2026, el Ejecutivo apeló la medida y presentó un nuevo proyecto que, según las universidades y los gremios, desvirtúa el alcance original de la ley.
En el Ejecutivo parece no haber disposición en empezar a movilizar gran cantidad de temas hasta comenzado abril. “El proyecto para las universidades debería ser una excepción y tratarse en el corto plazo”, afirma una fuente gubernamental que está cerca de esas gestiones.
Integrantes del oficialismo que están ampliamente interesados en la temática de las casas de estudio afirman que se está esperando a una nueva reunión de la mesa política en la Casa Rosada para que se pueda definir una hoja de ruta de los proyectos libertarios a tratarse en el Congreso. Son conscientes de que en las próximas semanas este asunto se meterá de lleno en la agenda.
No es menor que en algo más de un mes se lleven a cabo las elecciones en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde La Libertad Avanza quiere empezar a hacer pie en facultades como las de Derecho, Económicas e Ingeniería con sus agrupaciones. Un clima como este podría perjudicar su performance.
Cómo es el nuevo proyecto de Financiamiento Universitario
La nueva iniciativa libertaria propone una recomposición salarial limitada: tres aumentos del 4,1% cada uno, comenzando en marzo de 2026, y solo reconoce la pérdida salarial correspondiente a 2025, omitiendo lo perdido entre 2023 y 2024.
El informe del Centro de Investigación de Economía Nacional y Feduba sostiene que el proyecto oficialista “reduce la obligación de adicionar más de $2,7 billones al presupuesto 2026 a tan solo $187.744 millones”, con una diferencia de $2,5 billones que dejarían de percibir los trabajadores de la universidad pública.
Respecto a las paritarias, el proyecto mantiene la convocatoria trimestral pero elimina el requisito de ajuste mensual de haberes según la inflación del INDEC. Además, el nuevo texto limita la actualización de gastos de funcionamiento solo a casos en que la inflación anual supere el 14,3%.
La ley vigente obligaba al Poder Ejecutivo a actualizar bimestralmente las partidas para el sistema de salud universitario, la ciencia y extensión universitarias desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, siguiendo el índice de precios al consumidor. El nuevo proyecto oficialista reemplaza esa obligación por un aumento fijo de $80 mil millones para el sistema de salud universitario y elimina la actualización periódica.
Según el mismo medio, la modificación más relevante es la eliminación de la recomposición presupuestaria por inflación del año 2024. Lo perdido por el sistema universitario durante ese período no se recuperaría en el nuevo esquema.
Fuente Infobae
