El Senado comenzará la próxima semana el tratamiento del proyecto conocido como super-RIGI, el nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones que impulsa el Gobierno. El oficialismo convocó para el miércoles 5 de agosto a un plenario de tres comisiones con el objetivo de emitir dictamen y avanzar con una de las iniciativas económicas consideradas prioritarias por la Casa Rosada.
La reunión fue convocada para las 15.30 en el Salón Azul y participarán las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General, todas presididas por senadores de La Libertad Avanza.
El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado el pasado 24 de junio con 130 votos a favor, 106 en contra y siete abstenciones. En esa oportunidad, el oficialismo consiguió el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, un esquema de apoyos que ahora busca repetir en la Cámara alta para avanzar con el despacho de comisión.
De lograr el dictamen, el Gobierno no podrá llevar el proyecto al recinto al día siguiente, ya que el reglamento del Senado establece un plazo mínimo de siete días entre la firma del despacho y su tratamiento en sesión, salvo que se habilite una excepción con el respaldo de los dos tercios del cuerpo.
El tratamiento del super-RIGI se dará en una semana en la que el oficialismo también intenta reunir los votos necesarios para debatir en el recinto el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, conocido como “ley de tierras”, previsto para la sesión convocada para el 6 de agosto.
La iniciativa propone un régimen especial de promoción para atraer inversiones de gran escala en actividades que el Gobierno considera estratégicas y de alto contenido tecnológico. Entre los beneficios contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un esquema de amortización acelerada para inversiones en bienes de capital e infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una tasa del 3,5% sobre dividendos y utilidades distribuidas.
El texto también prevé arancel cero para la importación de bienes destinados a los proyectos alcanzados y elimina las retenciones a las exportaciones vinculadas a esas inversiones. Además, fija un tope del 0,5% para el impuesto sobre los Ingresos Brutos en las provincias que adhieran al régimen y prohíbe que los municipios apliquen tasas calculadas sobre la facturación de las empresas. A cambio, garantiza estabilidad regulatoria y tributaria durante 30 años.
A diferencia del RIGI incorporado en la Ley Bases, el nuevo esquema eleva de manera significativa el umbral de ingreso. Solo podrán acceder los proyectos que comprometan inversiones por al menos US$1.000 millones y que ejecuten un mínimo equivalente a $200.000 millones durante los dos primeros años desde su aprobación.
El Gobierno apunta a que esos desembolsos se concentren en sectores que actualmente tienen escaso desarrollo en el país. Entre ellos figuran la inteligencia artificial, los centros de datos, la fabricación de baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas y proyectos vinculados con la cadena de valor del uranio, con el objetivo de diversificar la matriz productiva e incorporar nuevas tecnologías.
Durante el debate en Diputados, uno de los cambios introducidos estuvo vinculado al denominado “compre nacional”. Finalmente, el proyecto incorporó la obligación de presentar un plan de desarrollo de proveedores locales y estableció que, cuando existan empresas con capacidad técnica, disponibilidad y condiciones competitivas de precio y calidad, al menos el 20% de las contrataciones de proveedores deberá realizarse con firmas locales.
En materia cambiaria, el proyecto mantiene el esquema de libre disponibilidad progresiva de divisas previsto en el RIGI original: las empresas podrán disponer del 20% de las divisas generadas por exportaciones durante el primer año, del 40% en el segundo y de la totalidad a partir del tercero. El régimen también contempla beneficios en el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios y una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales vinculadas a los nuevos empleos que generen los proyectos.
Fuente: tn
