La campaña se lanzará oficialmente el próximo 28 de julio. «No se podrá hacer justicia en Brasil en tanto el proceso de Lula no sea revisado y anulado por las ilegalidades, arbitrariedades, manipulaciones y cercenamiento de la defensa de las que ha sido víctima en primera y segunda instancia», explicó el PT en un comunicado.
En tanto, la Corte Suprema de Brasil acotó el poder del juez Sérgio Moro al quitarle las causas derivadas de la delación de los ejecutivos de Odebrecht contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en la misma jornada en la que la defensa apeló ante el máximo tribunal la condena a 12 años y un mes de prisión por la cual está preso desde el 7 de abril.
También la Policía Federal, que depende del gobierno del presidente Michel Temer, pidió trasladar a Lula de su sede en Curitiba, estado de Paraná, por los trastornos y los costos que generan las manifestaciones por la liberación del máximo líder popular del país.
La sala segunda del Supremo Tribunal Federal decidió por 3 votos contra 2 enviar a la justicia ordinaria de San Pablo dos causas que pueden complicar aún más a Lula: la delación de Odebrecht sobre reformas en el Instituto Lula y en una quinta en la localidad de Atibaia.
«El caso no tiene relación con Petrobras», esgrimió el juez supremo José Días Toffoli, que dio el voto que por primera vez en cuatro años le disputa el poder a Moro por el control de las delaciones de Odebrecht.
Es que Moro estaba autorizado por la cámara de Porto Alegre -la misma que confirmó la condena a Lula- a centralizar el Petrolao y la delación de Odebrecht. Tenía poderes extraordinarios de jurisdicción.
Pero la Corte adhirió de esta manera a una línea que las defensas esgrimían, que era que la fiscalía de Curitiba, corazón de la Operación Lava Jato, vinculaba todas las causas a desvíos en Petrobras para poder mantener el control de los expedientes.
Lula apeló la condena ante el STF y ante el Superior Tribunal de Justicia, tercera instancia penal, al considerar que Moro y los fiscales acusaron al líder opositor de tener un departamento en Guarujá entregado como soborno «sin pruebas y con enemistad política manifiesta».
Esta apelación deberá demorar varios meses para ser tomada por los tribunales superiores.
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