Esta acción del Departamento de Justicia se produce luego que el Gobierno del presidente Joe Biden advirtió que la ley se aprobó como un «desafío claro» a la Constitución estadounidense y tras rechazar el Supremo un recurso que buscaba congelar la normativa.
Asimismo el presidente tachó el fallo de «ataque sin precedentes» a los derechos del género femenino y avanzó medidas para evitarlo.
De forma paralela, remarcó que contraviene el derecho establecido en el caso ‘Roe v. Wade’ -el caso por el cual la Corte Suprema despenalizó el aborto en Estados Unidos- y prometió «proteger y defender» este derecho.
La ley es una de las más estrictas del territorio estadounidense y prohíbe el aborto antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.
Según la norma, la práctica está prohibida cuando se detecta un latido fetal, que a menudo es antes de que la mujer sepa que está embarazada. Sin embargo, no hay una excepción por violación o incesto, aunque existe una excepción por «emergencias médicas».
También permite a los ciudadanos presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una mujer embarazada a abortar por violar la legislación.
Es la primera vez que una ley que prohíbe el aborto a partir de las seis semanas entra en vigor.
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