El gobierno de Javier Milei enfrenta un conflicto político central con la Confederación General del Trabajo (CGT) y el peronismo por su proyecto de reforma laboral, según un análisis del diario británico Financial Times. El medio describe esta disputa como una de las más intensas desde el inicio de su gestión, con los sindicatos y el peronismo como principales opositores a un plan que busca flexibilizar el mercado laboral y reducir la influencia gremial en la negociación de salarios y condiciones de trabajo.
El proyecto oficial propone cambios profundos: reducir el derecho de huelga, ampliar el período de prueba para nuevos empleados, limitar la discrecionalidad judicial en indemnizaciones, extender la jornada laboral hasta 12 horas y priorizar negociaciones salariales por empresa en lugar de acuerdos nacionales. Milei argumenta que el actual sistema ha generado altos niveles de informalidad —casi la mitad de los trabajadores— y frenado la creación de empleo registrado, mientras los sindicatos advierten sobre un «retroceso de un siglo» en derechos laborales.
Para la CGT, estas medidas debilitan severamente los derechos individuales y colectivos. «Esta reforma fue escrita por estudios jurídicos para grandes corporaciones; no ofrece nada a los trabajadores a cambio», declaró Jorge Solá, secretario adjunto de la CGT, citado por el FT. Los sindicatos ya preparan acciones legales y evalúan convocar a huelgas, aunque por ahora descartaron un paro general, limitándose a movilizaciones.
Respaldo de la sociedad, pero con reservas: ni más horas ni menos indemnización
El Financial Times destaca que, si bien seis de cada diez argentinos apoyan cambiar la legislación laboral, el respaldo disminuye cuando se consultan aspectos concretos, como la extensión de la jornada o el recorte de indemnizaciones. El medio subraya que los sindicatos, aunque debilitados por crisis económicas y escándalos de corrupción, conservan capacidad de presión y buscan frenar el avance del proyecto.
«La reforma constituye el mayor intento en décadas de limitar el poder sindical», que históricamente gestionó desde salarios hasta seguros de salud y centros de vacaciones. Sin embargo, el gobierno argumenta que el sistema actual perpetúa la informalidad y asfixia a las pymes, que temen contratar por los altos costos laborales.
Mientras Milei busca negociar con legisladores moderados para obtener los votos necesarios, las cámaras empresarias muestran ambivalencia. Aunque la mayoría apoya la flexibilización y la reducción de indemnizaciones, hay reticencia a las negociaciones salariales por empresa. «Imagine a un empresario promedio debatiendo salarios con cada empleado individualmente», señaló Ricardo Diab, presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), quien prefirió proteger lo colectivo.
El Gobierno, en cambio, insiste en que la reforma aumentará el empleo formal y ampliará la base tributaria, clave para su plan de apertura económica. Sin embargo, empresarios advierten que el empleo no crecerá sin una reducción de la carga impositiva, que representa casi el 70% del salario.
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