La fiscal federal Alejandra Mángano imputó a José Cano, integrante de Cambiemos y quien encabeza el Plan Belgrano, en una causa judicial en la que se investiga si hubo un intento de negociado con Corea del Sur por parte de argentinos vinculados al dirigente radical tucumano.
El expediente se originó a partir de una investigación preliminar realizada por el fiscal Guillermo Marijuán sobre el viaje de tres personas relacionadas con Cano, quienes habrían ido a Seúl Sur para concretar un negocio en nombre del Estado. Además se sospecha que se habría efectuado un pedido coimas.
Marijuán hizo una denuncia para determinar si hubo delitos a partir de la información que decía que Alberto Darnay, hombre de confianza de Cano y quien ocupa en el PAMI el cargo de Coordinador de Enlace con la Unidad Plan Belgrano, había hecho un viaje a Corea del Sur.
La información recibida por Marijuán consignaba que en el Corea-tour había estado Osvaldo Barreñada, radical tucumano como Cano y secretario general del gremio de trabajadores del PAMI, y también el empresario Octavio Accardi.3
Después de haber corroborado algunos datos respecto del viaje, Marijuán realizó la denuncia por los delitos de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.
Los viajeros, según la denuncia, habrían ido a Corea a firmar convenios con empresas de aquel país para que vendieran sus productos al PAMI. Incluso habrían solicitado el famoso 10% de coimas para Cano, dirigente radical en Cambiemos, quien fue candidato a gobernador de Tucumán y fue designado por el presidente Mauricio Macri a cargo del Plan Belgrano, con rango de ministro y bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
Después de varias medidas y de haber comprobado información que contenía el anónimo, Marijuán formalizó la denuncia que por sorteo quedó a cargo del juez Sergio Torres con la intervención de la fiscal Mángano. Según pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, luego de la imputación Torres delegó en Mángano la investigación del caso.
La fiscal imputó a Cano, Darnay, Barreñada, Accardi y dos ciudadanos coreanos que viven en la Argentina: Dae Kyu Yang y Young Sik Oh.
Se corroboró que entre el 11 y el 26 de octubre de 2016, todos los imputados, menos Cano, viajaron con destino a Europa y se presume que de allí fueron a Corea. A los cinco viajeros imputados se agregó como parte de la delegación Carlos Rojas. El grupo -excluyendo a Cano- conformó en Buenos Aires la sociedad Kumho Latam, que –presumen los investigadores- se iba a utilizar como parte del negocio.
En Corea los viajeros habrían tenido contactos con diferentes empresas coreanas e inclusive firmado convenios de compras en nombre del Estado argentino por unos 300 millones de dólares. Además habrían pedido coimas del diez por ciento. Se habrían comprometido a comprar aparatos destinados al control del estado de salud de los pacientes del PAMI. Aún la justicia no determinó si la operación se concretó: el caso se ha iniciado recién la semana pasada.
Darnay tiene un cargo en el PAMI vinculado con el Plan Belgrano, algo que fue comprobado por Marijuán. Y cuando aún al frente del PAMI estaba Carlos Regazzoni, se abrió un sumario interno para determinar qué había sucedido.
El PAMI inició un sumario interno a Darnay y según lo afirmó Cano cuando se presentó espontáneamente en la causa judicial, esa actuación administrativa se cerró porque se demostró que los convenios firmados por el PAMI eran falsos. Cuando impulsó la causa, la fiscal Mángano había pedido como una de las medidas de prueba que el PAMI enviara al juzgado el sumario administrativo.
Cano, en su presentación a la que accedió Infobae en fuentes judiciales, señaló, entre otras cosas que «no existe contrato ni operación alguna como las señaladas y que las personas mencionadas no cumplen ni funciones ni tareas para el Plan Belgrano».
La fiscal Mángano a cargo de la investigación, comenzó a sumar información en el expediente en el que está imputado un funcionario importante del gobierno de Mauricio Macri.
