El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se encamina hacia una de las transformaciones más profundas de su historia reciente.
A partir del 1º de abril, el organismo pondrá en marcha un plan de retiros voluntarios que, en su proyección más amplia, podría reducir su planta en hasta 1500 trabajadores, sobre un total que hoy supera los 5700 agentes en todo el país.
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La decisión fue aprobada por el consejo directivo y se inscribe dentro de una estrategia más amplia del gobierno nacional orientada a revisar el funcionamiento de los organismos descentralizados.
Bajo esta lógica, el recorte busca achicar el gasto público y replantear los niveles de eficiencia administrativa y operativa de una institución clave para el desarrollo agropecuario argentino.
La medida genera incertidumbre en estaciones experimentales y áreas técnicas, donde el personal evalúa su futuro laboral.(Foto: Secretaría de Agricultura).
Un escenario de incertidumbre atraviesa a las estaciones experimentales y centros regionales
El programa tendrá una vigencia inicial de 30 días corridos, con la posibilidad de extenderse por otros 15 días según evolucione el proceso.
La medida alcanza tanto a trabajadores de planta permanente como transitoria bajo el régimen de la Ley 25.164, y establece como requisitos una antigüedad mínima de tres años y una edad inferior a los 65 años al cierre de marzo.
En este contexto, el clima interno en las distintas dependencias del INTA refleja una combinación de incertidumbre, desgaste y toma de decisiones personales.
En estaciones experimentales, agencias de extensión rural y centros regionales, los equipos técnicos y profesionales atraviesan un momento bisagra.
Algunos evalúan adherirse al retiro tras décadas de trayectoria institucional, mientras otros optan por permanecer y resistir los cambios en curso.
La posibilidad concreta de una reducción significativa de personal impacta no solo en lo laboral, sino también en el funcionamiento territorial del organismo.
El INTA cumple un rol estratégico en la transferencia de conocimiento, la investigación aplicada y el acompañamiento técnico a productores, especialmente en regiones donde la presencia estatal resulta determinante para el desarrollo local.
Desde la mirada oficial, la meta es llevar la dotación a un número cercano a los 4000 trabajadores, lo que implicaría una reducción de aproximadamente 1500 puestos.
Este objetivo, sostienen, permitiría reconfigurar la estructura del instituto hacia un esquema más “eficiente”, en línea con las prioridades presupuestarias actuales.
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Sin embargo, puertas adentro, emergen interrogantes sobre el impacto de este ajuste en las capacidades técnicas y científicas del organismo.
La eventual salida de perfiles especializados podría afectar líneas de investigación en marcha, programas de extensión y vínculos consolidados con el entramado productivo.
Mientras tanto, el calendario administrativo avanza y abril aparece como una fecha decisiva. En ese lapso, cientos de trabajadores deberán definir su futuro en una institución que, durante décadas, fue sinónimo de innovación, desarrollo y presencia territorial en el agro argentino.
Fuente TN
