«Tras su ingreso al Tribunal, los doctores Rosenkrantz y Rosatti se sujetaron al régimen específico de presentación de declaraciones juradas de la acordada dictada oportunamente por la Corte», añadió.
En consecuencia, según el mismo texto, «no hubo un apartamiento del Dr. Rosatti a dichas normas, ya que la información que ha surgido en algunos medios de comunicación se refiere a la declaración de bienes antes del ingreso».
«En la actualidad, todos los jueces del Tribunal ofrecen sus declaraciones juradas conforme con el régimen de la Corte Suprema», concluyó.
Algunos medios periodísticos habían interpretado que Rosatti se diferenció en la Corte y difundió la declaración jurada con el detalle de su patrimonio de 1,1 millones de pesos en bienes que entregó ante la Oficina Anticorrupción (OA) un mes y medio antes de asumir como ministro del tribunal supremo.
«Tras su ingreso al Tribunal, los doctores Rosenkrantz y Rosatti se sujetaron al régimen específico de presentación de declaraciones juradas de la acordada dictada oportunamente por la Corte»
Rosatti presentó a la OA el 2 de mayo último su declaración con la información correspondiente a 2015, mientras aguardaba la culminación del proceso legal por el que se incorporó a la Corte a fines de junio.
La hipótesis periodística desmentida por la Corte se inscribió de hecho en la polémica originada tras un pedido de los diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Sánchez para que el tribunal les remitiera copias de las declaraciones juradas patrimoniales de sus miembros y una nueva reglamentación que, según afirmaron, se adecuara a lo establecido en la ley 25.188 de Ética en la Función Pública.
La Corte contestó que las declaraciones juradas de miembros y funcionarios de la Corte pueden consultarse «exclusivamente» en la página de Internet del tribunal, previa identificación y justificación de quien solicite esa información, según el procedimiento establecido en la Acordada 9/2014.
La ley 25.188, de fines de 1999, estableció la obligación para determinados funcionarios (entre los que están los magistrados de la nación), de presentar una declaración jurada integral patrimonial dentro de los 30 días de su designación, actualizarla «anualmente» y una «última» cuando dejan el cargo.
Según el artículo 6 de esa ley la declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante y de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero.
A través de la resolución 2449/2016, firmada por sus cinco miembros y difundida el martes último, la Corte hizo saber a los diputados que la acordada 9/2014 «resulta una reglamentación constitucionalmente apropiada del régimen normativo vigente», y que al dictarla «no hizo más que poner en ejercicio facultades reglamentarias».
La acordada 9/2014 prescribe que la declaración jurada integral patrimonial «podrá consultarse exclusivamente través de la página web del Tribunal (www.csjn.gov.ar)» y el solicitante «deberá identificarse y quedará sometido las disposiciones y sanciones previstas en las leyes 25.188 y 25.326» de Protección de Datos Personales.
Conocido el pronunciamiento, Carrió sostuvo que la ratificación de esa acordada implica «que hay desigualdad ante la ley, porque el resto de los funcionarios públicos y legisladores deben hacer pública toda su declaración y ponerla a disposición de cualquier persona en internet».
Fuente: Telam
