La Corte Suprema cerró definitivamente la causa judicial que había sido iniciada por las autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el gobierno de Mauricio Macri para que el Instituto Patria revele la identidad de sus socios e informe cómo se financia. El Máximo Tribunal rechazó un recurso extraordinario y de esa manera clausuró la investigación.
Todo comenzó en 2017 con una sanción aplicada por el entonces titular de la IGJ, Sergio Brodsky, contra el Patria porque se negaba a presentar el listado de socios. El caso llegó a la Justicia y a mediados de 2018 la Sala L de la Cámara Civil sostuvo que los socios estaban alcanzados por la Ley de Protección de Datos Personales y le dio la razón a la asociación civil. “No existen dudas de que la nomina de datos completos de los asociados del Instituto Patria (…) encuentra su limite en la ley 25.326 dado que se trata de datos sensibles de los integrantes de aquel colectivo, al revelar, la afiliación a la entidad actora, la opinión política de aquellos”, decía ese fallo en su párrafo central.
La Inspección General de Justicia (IGJ), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación y está a cargo del control de las sociedades, asociaciones civiles y fundaciones, apeló ante la Corte Suprema y al mismo tiempo presentó un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura contra los tres jueces que firmaron el fallo: Gabriela Iturbide, Marcela Pérez Pardo y Victor Liberman. Esa denuncia, luego del recambio del Consejo, quedó bajo la instrucción de la diputada Graciela Camaño.
En la apelación ante la Corte, la IGJ sostuvo que está dentro de sus facultades el control de las asociaciones civiles y que el antecedente de la Cámara Civil llevaría a otras entidades a tomar la misma postura de no aportar datos.
En respuesta a esos movimientos, Oscar Parrilli presentó una denuncia penal contra el ex titular de la IGJ. La presentación fue desestimada por la jueza María Servini, pero la decisión fue apelada por la fiscal Paloma Ochoa.
En medio de la pelea judicial, Brodsky también le pidió a la Cámara Electoral que evalúe si “es pertinente inscribir al Instituto Patria Pensamiento Acción y Trabajo para la Inclusión Americana como un partido político y, de así considerarlo, se intime a la mentada asociación civil a que se readecúe y continúe su vida bajo las previsiones de la Ley 23.298/85 (se trata de ley orgánica de los partidos políticos)”. Esa presentación se basaba en los argumentos que expuso la Cámara Civil cuando rechazó un planteo judicial de la IGJ para que el Instituto Patria revele la identidad de sus socios.
El año pasado, Infobae reveló un documento interno del Patria, que “justificaba” su financiación con la venta de dos libros y con la “colaboración” de gremios, a los que nadie identifica. Se refería a Tenemos Patria, Tenemos Proyecto, Somos Futuro, escrito por Carlos López en 2015 y luego reeditado con un prólogo de la presidente honoraria del Instituto, Cristina Kirchner. López habría cedido los derechos al Patria, que luego firmó un contrato con la editorial HD LIBROS para publicar 3000 ejemplares y quedarse con las ganancias.
El segundo libro, de la editorial Colihue, recopila los discursos de Cristina y se titula Una política exterior soberana. Se publicó junto con Sinceramente para aprovechar el boom de ventas. “La gestión ha correspondido a la Comisión de Relaciones Exteriores”, se limitó a informar Parrilli en la asamblea.
Como cualquier otro club o asociación, quienes se afilien al Patria tienen que llenar una planilla con todos sus datos. Y como ocurre en el sistema bancario, las personas expuestas políticamente tiene que aclararlo en un apartado.
