La oficina de la ONU para los Derechos Humanos expuso este viernes sus “crecientes preocupaciones” por las medidas adoptadas en Nicaragua para “silenciar” a la disidencia, y que sólo en mayo se han traducido en al menos 63 detenciones “arbitrarias”, con acciones además contra dirigentes y entidades vinculadas a la Iglesia católica.
La portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Marta Hurtado, reclamó el cese de esta represión y la “inmediata” excarcelación de todos los presos políticos, así como la reapertura de todos los medios y organizaciones cerrados desde las protestas de 2018. Más de 3.200 organizaciones han sido ilegalizadas desde mediados de 2022.
La organización cita entre los ejemplos de los aparentes abusos que en una sola noche 55 personas fuesen imputadas por conspirar contra la integridad nacional y difundir noticias falsas, cargos que “aparentemente se están utilizando para silenciar las críticas”. Además, ninguna de estas personas pudo elegir su abogado.
Imagen de archivo de un acto político de Daniel Ortega en ManaguaTambién el pasado mes de mayo la Corte Suprema de Justicia nicaragüense confirmó la inhabilitación de 26 abogados y notarios críticos con el régimen sandinista, algunos de ellos prominentes defensores de derechos humanos, que en casi todos los casos habían sido ya despojados de su nacionalidad junto a otras 292 personas.
Uno de los focos de represión durante estos últimos años gira en torno a la Iglesia. Esta semana, tres monjas fueron expulsadas de Nicaragua y otras tantas quedaron recluidas dentro de su convento, si bien uno de los casos más simbólicos es el del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, que cumple una condena de 26 años de cárcel y permanece recluido sin recibir visitas y sin las adecuadas medidas de higiene o saneamiento, según la ONU. “No tiene luz natural y no se le permite salir al exterior, condiciones que violan los estándares internacionales de derechos humanos”, denunció Hurtado.
La vocera de Naciones Unidas subrayó que el régimen nicaragüense “ha acusado a la Iglesia de ser una organización internacional que apoya lo que cataloga de ‘terrorismo’ y la desestabilización del país”. La Iglesia fue también clave en las protestas de 2018, consideradas el punto de inflexión de la actual escalada represiva.
Investigación policial contra la Iglesia
La Policía de Nicaragua acusó el sábado pasado a la Iglesia católica nicaragüense de “lavar dinero” y ordenó al cardenal Leopoldo Brenes presentar documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis que han intervenido.
(AP Foto/Inti Ocon)
Según la Policía, en el marco de esas investigaciones hallaron “centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a (las) diócesis” de Nicaragua. También que han confirmado “la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias que se había ordenado por Ley congelar” y que se trata “de una red de lavado de dinero que se ha descubierto en (las) diócesis de distintos departamentos” de Nicaragua.
La semana pasada, la Policía también informó que investiga al sacerdote Jaime Montesinos, párroco de la diócesis de Matagalpa (norte), que dirige el obispo encarcelado Rolando Álvarez. E investiga a otros dos sacerdotes por “asuntos administrativos” de la disuelta Cáritas Diocesana de Estelí, norte de Nicaragua, que también administra Álvarez.
Las relaciones del régimen de Daniel Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas. El papa Francisco tildó de “dictadura grosera” al régimen sandinista en una entrevista con Infobae, señalando “un desequilibrio de la persona que dirige” el país centroamericano.
EFE y EuropaPress
