La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, hizo un gesto de contrición ante el juez que la investiga por su papel en el proceso separatista. Dijo que la proclamación de la república fue un acto «simbólico» y garantizó que acata la intervención de las instituciones autonómicas dispuesta por el gobierno español.
Con ese fallo, el juez Pablo Llarena ratificó la idea de que el Supremo tendría una postura más garantista que la adoptada la semana pasada por la Audiencia Nacional. Primero les dio a Forcadell y los otros cinco diputados acusados una semana más para preparar su defensa. Y después de oírlos dispuso medidas cautelares mucho más suaves, a pesar de que la Fiscalía pedía prisión incondicional para casi todos.
Llarena sólo mandó a prisión a Forcadell. Decretó libertad bajo fianza para Corominas, Ginó, Barrufet y Simó (Junts pel Sí). Les da una semana para abonar 25.000 euros y les impidió salir del país. A Nuet (de Podemos) lo deja libre sin fianza, ya que no apoyó el plan secesionista. Todos están acusados de rebelión, sedición y malversación.
La decisión sobre los diputados abre un camino posible para la excarcelación del ex vicepresidente Oriol Junqueras y de los otros siete integrantes del gobierno depuesto de Carles Puigdemont que están presos en Madrid desde el jueves 2. Las apelaciones terminarán en el Supremo. Lo más probable, según fuentes judiciales, es que eso ocurra antes del inicio de la campaña electoral en la que al menos Junqueras, líder de Esquerra Republicana (ERC), prevé ser candidato. Las encuestas lo ubican primero en intención de voto.
No fue sólo el criterio menos severo (o más político) del juez Llarena lo que derivó en un resultado distinto. Pesó la actitud de los diputados: aceptaron responder las preguntas del fiscal, fueron explícitos en la aceptación de la Constitución y admitieron que nunca creyeron que estaban realmente declarando la independencia cuando proclamaron la república catalana en el pleno del 27 de octubre.
Junqueras y compañía sólo habían respondido preguntas de sus abogados y nunca mostraron nada parecido al arrepentimiento por el proceso separatista. A ellos además les jugó en contra la huida a Bélgica de Puigdemont y la negativa del ex presidente a aceptar su destitución.
El fallo de anoche resalta que los diputados investigados «han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional».
El juez admite que esas promesas pueden ser «mendaces» y por eso advierte que podría endurecer las medidas cautelares «si se evidenciara un retorno a la actividad ilegal».
A Forcadell -que comparte abogado con Junqueras- le habrá costado moderarse. Esta mujer de 61 años es una de las máximas activistas del separatismo. Desde 2015 autorizó desde su cargo en el Parlamento el tratamiento de numerosas leyes que la Justicia había calificado de inconstitucionales.
Cuando Rajoy anunció hace dos semanas que aplicaría el artículo 155 de la Constitución para tomar el control de Cataluña, ella denunció que se trataba de un «golpe de Estado de facto». Prometió que no daría «ni un paso atrás».
Ante el juez lo dio. Matizó que su papel se centró en «permitir el debate parlamentario sin prejuzgar el resultado ni controlar su contenido». Y dijo que siempre acató la Constitución. No pudo evitar la cárcel. Pero al menos tiene la libertad a tiro de una billetera ajena.
Las claves del proceso judicial en madrid
¿Quiénes son los acusados?
Los 13 ex consejeros del gobierno regional destituido y su ex presidente Carles Puigdemont. También, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los cinco miembros de la Mesa del Parlamento regional y los presidentes de las entidades civiles independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural
¿Quiénes están en prisión?
Están presos 8 de los 13 ex consejeros. Uno quedó en libertad bajo fianza y cuatro huyeron a Bélgica junto al ex presidente catalán Puigdemont. Forcadell y los cinco miembros de la Mesa del Parlamento regional también están en libertad
¿Por qué hay dos causas distintas?
La causa contra los ex consejeros del gobierno es tramitada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela porque ya perdieron sus fueros. La abierta contra los miembros del Parlamento está a cargo del juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en España, porque aún conservan sus fueros. Los acusados pueden ser castigados con 30 años de prisión
¿Qué rol tuvo Forcadell en el proceso independentista?
Ella fue una de las figuras claves del proceso como presidenta del Parlamento desde 2015 y jugó un papel clave en la tramitación en la Cámara de las leyes que posibilitaron la celebración del referéndum del 1º de octubre y la declaración independentista
¿Cómo influirá el proceso judicial en los comicios del 21 de diciembre?
Muchos creen que podría movilizar el voto secesionista, pues el encarcelamiento de los encausados refuerza el relato independentista de que las instituciones españolas actúan con excesiva dureza para frenar su desafío. También se pensó que podía facilitar la formación de una coalición electoral de las fuerzas independentistas, algo que, sin embargo, no ha ocurrido, ya que los principales partidos van separados.
Martín Rodríguez Yebra/La Nación
