La profanación de tumbas consiste en la sustracción del cadáver de su lugar de último reposo, sea en un proceso en que se ejerza violencia o sin ella, lo que constituye un delito que está contemplado en Código Penal de la Nación.
Pese a lo delicado que reviste este tipo de acción delictiva, particularmente desde lo afectivo para los deudos del extinto profanado, el Código Penal argentino contempla esta situación en un único artículo, el 171, que reza lo siguiente: “Sufrirá prisión de dos a seis años, el que substrajere un cadáver para hacerse pagar su devolución”.
“Este tipo de delitos no son muy comunes en el ámbito judicial, pero cuando sucede, los mismos reciben el tratamiento de un delito contra la propiedad. Se puede calificar como un robo o hurto, dependiendo si en el hecho medió o no violencia para llevar adelante la profanación”, explicó la jueza de Transición, Dra. Rosa Falco.
Producido el delito, los familiares, guardas o la persona que descubriese esta situación anormal, deberá comunicarse en primera instancia con las autoridades administrativas de la necrópolis. Estas deberán iniciar la búsqueda pertinente o comunicar a la familia si fueron ellos quienes movilizaron los restos con motivo de mejorar su conservación.
En caso de no poder recibir respuestas, corresponde iniciar una denuncia penal, para que las autoridades policiales y judiciales, abran una exhaustiva investigación y notifiquen los fiscales de turno.
“Normalmente, explicó la profesional, este tipo de casos se tratan como un robo o un hurto, de acuerdo a las circunstancias del caso. Si las pericias comprobaren que hubo violencia, indicios de forzamiento en cerraduras o féretros para sustraer los cuerpos, se configuraría una imagen de robo; por otro lado si ante la ausencia de los restos, se determinare que en el proceso no medió violencia, sino por el contrario, el nicho se hubiere encontrado sin seguro, o no hubiera control de seguridad, se configuraría un delito de hurto”.
Este tipo de hechos delictivos producen no sólo daños materiales, sino que afecta los sentimientos de la familia damnificada por un hecho de la naturaleza expuesta, por lo que desde la Justicia se procura dar una respuesta al disponer la investigación pertinente.
