Hace no mucho tiempo, un joven e importante funcionario con oficinas en el primer piso de Casa Rosada resumía con un concepto futbolero (un recurso de pertenencia al universo PRO y que el propio Mauricio Macri usa hasta en actividades diplomáticas) las idas y vueltas con Hugo Moyano: «Es tribunero; lo que hace es gritarle a su hinchada. Le habla a su gente y está bien, porque sino pierde credibilidad. Pero es inofensivo, con él estamos bien». Eran días de confianza plena, a finales del 2017, del proyecto Cambiemos por ocho años y de la triple reelección en Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires, y el jefe de Camioneros todavía peleaba su interna dentro de la CGT.
Pero la discusión y la fallida aprobación de la ley de reforma laboral, que había sido consensuada entre el Gobierno y la CGT, quebró ese acuerdo táctico de no (demasiada) agresión entre ambos. Y la crisis económica profundizó esa división: los Moyano (Hugo, Pablo y Facundo) dejaron la CGT por «tibia» y se abroquelaron con Pablo Micheli y Hugo Yasky, de las CTA, y con movimientos sociales como la Ctep, de Juan Grabois . La otra grieta.
Esta semana, los rumores sobre una posible y por el momento frustrada detención de Pablo Moyano tensó aún más la cuerda. Hugo Moyano, en un raid mediático de radio y televisión, señaló, entre otras cosas, que el de Macri «es el peor Gobierno de la historia», dijo que había que «desterrarlo», amenazó con un paro nacional y advirtió: «Si atacan a mi familia yo también los voy a atacar a ellos».
“Lo que le reclama Moyano al Gobierno es que intervenga para parar esas investigaciones y le dé inmunidad; es decir, que se transforme en el garante de su impunidad a cambio de gobernabilidad y convivencia pacífica”.
A las declaraciones del jefe de Camioneros le siguió el respaldo transversal de todo el sindicalismo, en una suerte de repliegue táctico. Desde un comunicado de la CGT, firmado por Carlos Acuña, Héctor Daer y Julio Piumato, entre otros, hasta la defensa de Micheli, Yasky, el líder de los banqueros Sergio Palazzo y hasta gremialistas que estuvieron cerca del oficialismo como el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli.
Ante este panorama, ¿cómo seguirá, entonces, la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero en general y con la familia Moyano en particular?
Consultado por Infobae, un importante dirigente parlamentario plantea un escenario complejo: «Moyano representa al viejo sindicalismo argentino; prebendario, corrupto y puesto al servicio del justicialismo como fuerza de choque, que hace el ‘trabajo sucio’ mientras espera volver al poder».
El temor, aunque la fuente no la mencione, es que el secretario general de Camioneros siga acercándose a la ex presidenta Cristina Kirchner. Por otro lado,un sector del Gobierno alienta ese encuentro: tanto la ex mandataria como el sindicalista son los dirigentes preferidos para confrontar en tiempos electorales. La grieta, de nuevo.
«Es importante que la Justicia actúe, y actúe con celeridad y libertad. Si hay algo que desde Cambiemos hemos impulsado desde el comienzo, es que queremos una Justicia independiente, robusta, creíble. Acá nadie tiene coronita. Las actitudes amenazantes de algunos líderes sindicales como las que se han visto en el transcurso de la investigación a Pablo Moyano, muestran una de las peores caras del sindicalismo argentino, el sindicalismo del apriete», analizó un diputado oficialista ante la consulta de este medio.
Para un sector del Gobierno había condiciones para la detención del hijo de Hugo Moyano. Es la línea que planteó de manera pública el Procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, que defendió el trabajo del fiscal Sebastián Scalera y aseguró que «si no hay pruebas, no solicitamos detenciones».
Algo parecido dijo Macri esta semana, cuando inauguró un parque eólico en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut.»Nadie se puede creer por arriba de ley, nadie puede creer que puede prepotear a los demás», exclamó.
En la Casa Rosada, el enojo de Hugo Moyano no es por la injerencia del Ejecutivo en las investigaciones sobre eventuales delitos en Independiente y el gremio Camioneros. «Lo que le reclama Moyano al Gobierno es que intervenga para parar esas investigaciones y le de inmunidad; es decir, que se transforme en el garante de su impunidad a cambio de gobernabilidad y convivencia pacífica», advirtieron desde Balcarse 50.
Consultada por Infobae, Ana Natalucci, socióloga e investigadora del Conicet sobre movimientos sociales y sindicales, planteó que «la CGT tenía un acuerdo previo a las elecciones con una reforma laboral más light, algo a lo que Corriente Federal siempre estuvo en contra, pero el que tuvo una posición más clara de rechazo (a ese proyecto) fue Pablo Moyano en un encuentro en Luján; ahí, lo relaciona con la reforma de la Banelco del año 2000 y eso quiebra la posición negociadora de la CGT».
Natalucci advierte que la conflictividad «se va a profundizar» en los próximos meses, por los menos por parte del sector más radicalizado del movimiento obrero. «Este sábado está la marcha a Luján, con una misa ecuménica; después está prevista otra marcha para cuando se discuta el presupuesto en el Congreso; ya hay un plan de lucha. Distinta será la realidad de las discusiones paritarias: ahí sí los sindicatos avanzan de manera más individual». Los jefes de la CGT, Daer y Acuña, por su lado también anunciaron una huelga general de 36 horas para noviembre que, de concretarse, sería el quinto paro en contra de la gestión de Mauricio Macri.
Desde que Macri es presidente, avanzó en varias medidas para disciplinar al sindicalismo: lleva intervenidos 10 sindicatos y durante la gestión Cambiemos quedaron detenidos gremialistas como Omar «Caballo» Suárez (SOMU), Marcelo Balcedo (SOEME) y Jorge «Pata» Medina (UOCRA); también aplicó millonarias multas a SUTEBA y Camioneros por diversas irregularidades. Pero ahora el país ingresa en modo campaña, y no son pocos los dirigentes piensan necesario acercar posiciones, si no es con Moyano, con otro sector del sindicalismo para que vuelva a ser dialoguista.
