“La Asociación Empresaria Argentina (AEA) rechaza la intervención y el proyecto de expropiación de Vicentin S.A.I.C.”. Ese es el título de comunicado con el que los empresarios más importantes del país, dueños de las mayores compañías locales, expresaron su posición sobre la intervención del Gobierno en la empresa agroexportadora y su intención de expropiarla.
Los hombres de negocios definieron el accionar oficial como un “grave error”.
“Esta decisión no ha respetado un principio básico de la seguridad jurídica por cuanto no es facultad del Poder Ejecutivo intervenir una empresa que se encuentra en concurso de acreedores. Este hecho es grave puesto que la seguridad jurídica es un atributo central que proporciona la confianza imprescindible para que se lleven a cabo las inversiones productivas que imperiosamente requiere nuestro país”, aseguró AEA.
“La estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina”, detalló la Asociación Empresaria Argentina.
Asimismo, la Unión Industrial Argentina (UIA) también adivirtió su posición adversa a la decisión del Poder Ejecutivo conocida hoy con posterioridad a la reunión de su Junta Directiva.
En un comunicado difundido luego de ese encuentro, la UIA afirmó: “Con relación al anuncio de la intervención transitoria y el ulterior tratamiento de la ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional para la declaración de utilidad pública y expropiación de la empresa, la Junta Directiva manifestó la necesidad de garantizar el efectivo respeto al principio de legalidad”.
“Esto es una condición necesaria para el desarrollo de la empresa privada y la inversión. Ambas serán fundamentales en la salida de la recesión económica, a partir de la producción y el empleo”, concluyó la UIA.
Otra entidad empresarial que manifestó su rechazo a la intervención de Vicentin fue la Bolsa de Comercio de Córdoba, a través de una comunicación en la que advierte que “no convalida la iniciativa de expropiar o estatizar” y juzga la decisión del Gobierno como “un nuevo acto de avasallamiento a las instituciones de la República”. Los problemas de la empresa, explicó el comunicado, “no son sustento suficiente para justificar la intervención de la propiedad privada, ni el menoscabo a la división de poderes que sentencia nuestra constitución nacional”.
Destacó que a pesar de que la empresa pidió su concurso preventivo para evitar la quiebra, “el Poder Ejecutivo dispuso la intervención de la sociedad, antes incluso de dejar que el deudor, ejerza su derecho en el periodo de exclusividad de hacer propuestas y obtener las mayorías necesarias para lograr el ansiado y merecido acuerdo con sus acreedores”.
“Creemos en la subsidiaridad del estado, el mismo solo debe estar, donde el sector privado no lo hace. El gran desafío que requiere el momento actual, una vez superada la cuarentena sanitaria, será estimular el desarrollo de las empresas privadas con menor presión fiscal, y menor dimensión del tamaño del estado en su conjunto. Esta decisión va a contramano de ello, representando, por el contrario, un contrapeso negativo para el presupuesto público”, concluyó la Bolsa de Comercio de Córdoba.
En el mismo sentido, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) señaló que “ve con suma preocupación la intervención al Grupo Vicentin vía DNU”, así como su eventual expropiación a través de un proyecto de ley que se enviará al Congreso.
“La historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones, que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendía solucionar”, advirtió la entidad ruralista.
En un comunicado de prensa, la CRA aseguró que, contrariamente a lo anunciado, el Estado “a través de la Justicia, cuenta con los medios e instrumentos para canalizar el concurso preventivo de este importante operador del mercado de granos y al mismo tiempo fortalecer las instituciones y los derechos de propiedad”.
Por ultimo, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) manifiestó “su desacuerdo” con la iniciativa oficial ya que «solo tiende a dividir a la sociedad, pasando por alto todos los mecanismos legales e institucionales que existen en nuestro país para administrar situaciones como la que afronta la empresa en cuestión.”
“Consideramos que el accionar del Gobierno para con Vicentín no solo no garantiza los puestos de trabajo a futuro sino que produce un quiebre en la división de poderes garantizada por nuestra Constitución, que en el largo plazo solo contribuirá a que hayan menos inversiones y menos empleos en el sector privado”, señaló ACDE.
