La noticia quedó tapada por otras noticias aún cuando la resolución 534/2019 se publicó en el Boletín Oficial el 2 de julio. El Ministerio de Trabajo de la Nación ordenó inscribir un nuevo sindicato en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores: el que nuclea a los trabajadores de ferias de todo tipo.
El «Sindicato Único de Trabajadores de Ferias de la República Argentina» no tiene aún personería jurídica, por lo que no puede ser parte de la CGT.
Con domicilio en la calle Mendoza N° 57, Ciudad de Lomas de Zamora, el sindicato ya puede afiliar a trabajadores que presten servicio en relación de dependencia en ferias, paseos de compras y mercados municipales que se encuentren en Lomas de Zamora, Quilmes, Temperley y el Partido de Almirante Brown, de Buenos Aires. También a los feriantes de Concordia (Entre Ríos), ciudad de Salta, Resistencia (Chaco), Rosario (Santa Fe), la ciudad de Formosa, Arroyo Colorado (Jujuy), San Javier (Misiones), La Banda del Río Salí (Tucumán), ciudad de Mendoza, ciudad de La Rioja y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Su principal impulsor y secretario, Walter Godoy (quien tuvo que convocar a elecciones para el próximo 20 de octubre, con lista única hasta el momento), convenció a los funcionarios de adoptar la medida con el propósito de formalizar a unos 3.800.000 feriantes (1.200.000 ya tributan en alguna categoría baja del Monotributo) que podrían aportar al Estado USD 13.250 millones al año.
El sindicato en formación tiene 263.000 adherentes que aún no pagan cuota y que pasarían a aportar $800 a partir de la campaña de afiliación que arranca la próxima semana tras un acuerdo con el Gobierno para que quienes vayan a las ferias sean acompañados por inspectores.
El gremio ya acordó con una empresa de salud para ofrecer servicio médico, médico a domicilio, descuento de 50% en farmacias, ambulancia las 24 horas, un seguro de vida por $250.000 y servicio de sepelio. «Descomprimiría el sistema de salud pública», aseguró Godoy en una charla con Infobae. Además, la sindicalización tendría, dijo, un efecto colateral quizás más importante: protección frente a una cadena de pagos irregulares y extorsiones que sufren los feriantes para poder trabajar e incluso abusos de parte de dueños de puestos o espacios donde se montan las ferias, propietarios de las llamadas «saladitas».
Godoy aseguró además que propondrán una ley para regular la actividad y recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda a los Estados políticas de transición entre la economía informal y la formal como modo de combatir la pobreza.
El nuevo dirigente gremial arrancó como feriante en Turdera y, como muchos, sufrió abusos. Denunció, fue amenazado en dos oportunidades y hasta tuvo custodia. «Estamos expuestos y desprotegidos ante los dueños de predios, inclusive ante algunos puesteros que son patrones, ante los bancos y ante el Estado; somos la parte más delgada del hilo», explicó Godoy y prometió que ayudará a los afiliados «a la hora de tener que negociar un contrato en una feria para que no los estafen o roben, e incorporarlos a la economía formal, que puedan ser sujetos de crédito y que tributen todas sus obligaciones impositivas». En ese marco, también haría falta un acuerdo con la AFIP y el Gobierno para regularizar sin sanciones a los que desempeñan esta actividad, advirtió.
Reconoce que la mayor parte del trabajo de feriantes se comercializa en negro. Pero la bancarización de los argentinos empujó a muchos feriantes o puesteros a cobrar a través de un posnet y trabajar, fundamentalmente, con la aplicación de Mercado Pago. Sin un salario del cual debitar, sería a través de la aplicación que el sindicato cobraría la cuota de afiliación, con un código QR, y a través de una cuenta recaudadora en puntos como Pago Fácil. También para la empresa de Marcos Galperín los feriantes representan un importante volumen de venta: muchos comercializan sus productos a través del sitio durante las 24 horas.
Según números del Indec, en la Argentina la Población Económicamente Activa (PEA) ronda las 23.780.000 personas. Coinciden la OIT, CAME, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la CETEP, el ex Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Banco Mundial en que la economía informal en el país es de alrededor del 47,7 % de la PEA.
De acuerdo con datos elaborados por el Sindicato Único de Trabajadores de Ferias de la República Argentina, la actividad feriante/puestera representa el mayor porcentaje de la economía informal del país: 21,9% de la población económicamente activa. Según el mismo estudio, el 12,5% son puesteros que trabajan en outlets, en las llamadas «saladas», «saladitas», «mercados de pulgas», «mercados persas» o «paseos de compras»; el 9,4% son feriantes que trabajan en mercados barriales; ferias itinerantes, de colectividades, a cielo abierto, ferias populares, de interés cultural (como ferias del libro) y diversas ferias regionales. En los datos oficiales, figuran como trabajadores informales, «en negro» e «ilegales».
Un dato no menor: Godoy y un grupo de representantes de distintas ferias empezaron a avanzar en su sindicalización tras la detención de Jorge Castillo y Enrique ‘Quique’ Antequeras, los «Reyes» de La Salada en Lomas de Zamora.
En la cuenta a favor del Estado, contabilizan la recaudación por Monotributo y también por Ingresos Brutos, además de la regularización de los alquileres que permitirían recaudar Impuesto a los Sellos que hoy se evade como así también el 8% que están obligados a tributar los arrendatarios de predios feriales, más el IVA correspondiente a esos contratos.
En la cuenta, Godoy aseguró que aún blanqueando, los trabajadores de los puestos se verían beneficiados. Claro que, en un contexto de crisis como el actual, el Estado debería ser «paciente» y transformar el sector «gradualmente».
