Desde que el 6 de diciembre el pueblo venezolano fue a las urnas y decidió con su voto dar la mayoría a la opositora Mesa de la Unidad Democrática, el chavismo estudia e intenta de todas las formas posibles de asegurarse la continuidad en el poder. Desde un llamado a los militares para defender la patria hasta la confesión de volver a las calles para luchar contra la «oligarquía», el presidente Nicolás Maduro se muestra dispuesto a blindarse en su puesto.
Ahora, el plan es nombrar jueces chavistas. La mayoría parlamentaria afín al gobierno, que cesará sus funciones el 4 de enero para que al día siguiente asuma una mayoría opositora, convocó a cuatro sesiones extraordinarias, que concluyen hoy, para nombrar a jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El secretario de la unicameral Asamblea Nacional, Fidel Vásquez, envió a los diputados las convocatorias, cada una con una «orden del día» que detalla que hoy se celebrarán dos sesiones y otras dos mañana. En horarios matutinos, vespertinos y nocturnos, estas cuatro sesiones designarán a nuevos magistrados del Supremo, algo que la mayoría opositora esperaba definir.
El actual presidente del Legislativo, el diputado oficialista Diosdado Cabello , repitió desde que la oposición a Maduro ganó las elecciones legislativas que la actual mayoría progubernamental cumplirá su agenda hasta el fin de su mandato, el 4 de enero próximo. En ese sentido, adelantó que en una sesión extraordinaria, juramentará a los magistrados que sean elegidos.
Las convocatorias a los diputados en las postrimerías de sus mandatos se conocen días después de que un grupo de exjueces yjuristas vinculados a la oposición anunciaron que los 382 aspirantes a jueces serán impugnados ante el Comité de Postulaciones del Parlamento unicameral. «Vamos a impugnarlos a todos; queremos que se demuestre si los postulantes reúnen las condiciones que exige la Constitución», anunció René Molina, ex inspector general de tribunales.
La impugnación busca que sea revisada públicamente la hoja de vida de cada candidato para determinar si cumple con los requisitos constitucionales, entre ellos que cada uno demuestre que ha cursado un posgrado en materia jurídica y ejercido la abogacía y la docencia universitaria durante un mínimo de 15 años.
La exjueza del Supremo Blanca Rosa Mármol de León acusó al oficialismo de «atropello a la Constitución al pretender designar de forma violenta» a nuevos magistrados, algo en lo que coincidió el también exmagistrado Jorge Rosell.
«El Ejecutivo podría alegar inconstitucionalidad de ciertas leyes para que sean revisadas por la Sala Constitucional (del TSJ, supuestamente oficialista) y así se daría un bloqueo absoluto de las facultades del Parlamento», que desde el 5 de enero de 2016 será controlado por la oposición, remató.
La Nación
