Moyano exige que el Gobierno pague unos $9.000 millones a las obras sociales

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La CGT que lidera Hugo Moyano advirtió que promoverá «demandas judiciales» para lograr la distribución de los fondos de las obras sociales en poder del Estado si no prospera una instancia de negociación con el Gobierno que se apresta a iniciar para solucionar el tema.

«La CGT va a promover demandas judiciales, si no hay una mesa de negociación donde se explique con claridad porque de la extensa la demora y para que respondan por la deuda» en la distribución de los fondos remarcó el titular del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, al término de la reunión del Consejo directivo.

El dirigente justificó la amenaza de las demandas al señalar que «la demora en la distribución de esos fondos hacen que los servicios de la salud de los trabajadores se resientan y finalmente las culpabilidades recaen en las autoridades de los sindicatos con su secuela de denuncias, descalificaciones, acusaciones y sospechas».

Schmid aseguró que son «9 mil millones de pesos en poder de la Administración de Programas Especiales (APE)».

Enfatizó que ese es el «dinero de los trabajadores que proviene del salario de los trabajadores que fueron incluidos en el presupuesto general de gastos» de la Nación.

«Ahí hay una vieja discusión que está planteada con las autoridades y que aspiramos que se resuelva», añadió.

Reiteró entonces que «si no se encuentra una solución, si no hay una mesa de negociación donde se fije con claridad porque esta extensa demora habiendo semejante cantidad de fondos, lo que va a hacer la CGT es promover demandas judiciales para que respondan por la deuda».

1 Comentario

  1. Ademas del dinero, que obviamente es de los trabajadores y no de los sindicalistas. Si el gobierno lo concede, debe instrumentar auditorias mas severas en salvaguarda de los intereses de todos los ciudadanos. Las Obras Sociales no deben ser nunca mas, el premio «gordo» de ninguna agrupación. Y si administra los recursos, como se debe, mejor para los afiliados, si no, la justicia no debe dudar en castigar los desvios.

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