El diputado de Encuentro Federal Miguel Pichetto indicó este jueves que está «de acuerdo en bajar la punibilidad en 14 años» aunque se permitió “dudar que el Gobierno vaya a poner el presupuesto de esta ley”.

A su entender, “los recursos asignados en el Presupuesto son insignificantes” y precisó que “el metro cuadrado de construcción para encierro está cerca de 7.000 dólares”.

“Esta ley requiere una clausula especial para que los provincias entré a regir cuando estén dadas las condiciones y construidos los establecimientos para menores”, subrayó.__IP__

“Estamos frente a un viejo debate y circular que están en la Argentina, parecido a la Reforma Laboral que aparece siempre que hay un gobierno no peronista”, analizó Pichetto.

Según dijo, «estas son medidas de efecto que sirven para lucimiento de determinados senadores o ex ministras (por Patricia Bullrich) que, no conformes con 14 y que quisieran 13 o tal vez 10, porque eso las coloca más a la derecha y las pone en el lugar del facilismo discursivo satisface a algunos sectores”.

Una familia con cuatro integrantes necesitó 1.360.299 pesos para no ser pobre en enero de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además, precisó 623.990 pesos para no llegar a ser considerado indigente, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

La variación mensual de la canasta alimentaria (CBA) fue de 5,8%, mientras que la básica total (CBT) fue de 3,9%.

En el reporte de la medición interanual, la canasta alimentaria tuvo una variación de 37,6% y la total fue de 31,6%.

Por primera vez en varios años, el informe de canasta básica se conoció días después del anuncio de la inflación de enero que, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,9% en el primer mes del año y marcó un incremento interanual del 32,4%.

Un adulto necesitó al menos 201.939 pesos para no ser considerado indigente, mientras una familia tipo compuesta por dos mayores y dos niños tuvo que conseguir 623.990 pesos para no quedar bajo esa línea.

En la medición de la pobreza, un adulto solo necesitó 440.226 pesos para no ser considerado pobre, mientras una familia de cuatro zafó de integrar ese conjunto con un piso de 1.360.299 pesos.

Fuente: noticias argentinas

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron este jueves al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles de la ex presidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, incluido el departamento de San José 1111 donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.

Así lo pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, señalaron los fiscales.

“Las personas condenadas —intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública— todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”.

De acuerdo al planteo de los fiscales, tanto Cristina Kirchner como Báez “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme”.

“La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”, apuntaron.

El rol de la Corte Suprema

A fines del año pasado se conoció que la Corte Suprema de Justicia sería la encargada de administrar y subastar el decomiso de los bienes de la ex presidenta, después de que el TOF 2 solicitara esa medida.

Esa decisión alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.