Las alegaciones relacionadas con adopciones ilegales de niños indígenas en Guatemala han sido consideradas especialmente graves por expertas y expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes han citado la ausencia de investigaciones independientes sobre la implicación de funcionarias y funcionarios estatales, entre ellos la actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta. Las víctimas y sus familias, según destacaron, conservan el derecho a un acceso pleno y efectivo a mecanismos judiciales y de reparación.
Desde la ONU se alertó que, pese a la existencia de un proceso de nombramiento judicial en curso, todas las personas sobre las cuales existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos no deberían ser preseleccionadas ni nombradas para cargos relevantes hasta que concluya una investigación pronta y exhaustiva. La organización recordó que Porras Argueta, además de figurar como candidata para la elección a la Corte Constitucional, podría ser nominada para la reelección como Fiscal General esta misma semana.
Según la comunicación oficial de los expertos de la ONU, al menos 80 niños indígenas habrían sido sometidos a adopciones ilegales internacionales tras su institucionalización en el Hogar Temporal Elisa Martínez. Los casos se remontan a hechos que ocurrieron entre 1968 y 1996, marcados por la captura y desaparición forzada de menores en Guatemala.
Fotografía de archivo de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. EFE/Oliver de Ros
Los especialistas señalaron que estas adopciones ilegales podrían haber consistido en una variedad de actos ilícitos, como el fraude en la declaración de adoptabilidad, la falsificación de documentos, la coacción o la ausencia de consentimiento libre e informado de las madres y padres biológicos, así como beneficios económicos indebidos para los intermediarios. Resaltaron que, hasta la fecha, las madres afectadas no han recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones que les corresponden.
La petición de la ONU abarca la necesidad de iniciar investigaciones independientes sobre las denuncias que implican a funcionarias y funcionarios públicos en estos procesos ilegales. Entre los señalados figura la ex Directora/Administradora del hogar, María Consuelo Porras Argueta, quien fungió como “tutora legal” de las y los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982.
Los expertos recordaron: “Todas las personas contra las cuales existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos, especialmente aquellas que han tenido autoridad para tomar decisiones relacionadas con la criminalización o violaciones de derechos humanos, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se realice una investigación pronta, independiente y exhaustiva de esas alegaciones.”
El deber estatal, según lo establecido en el derecho internacional, consiste en prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación asociada con adopciones ilegales y desapariciones forzadas internacionales. Los expertos remarcaron que debe garantizarse a las víctimas y sus familias el pleno ejercicio de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Además, subrayaron que las víctimas deben contar con acceso a “todos los remedios disponibles según el derecho internacional y nacional, incluidos los mecanismos judiciales y no judiciales, las iniciativas de búsqueda de la verdad, los procesos penales, las reparaciones y las garantías de no repetición.”
La ONU se mantiene en contacto con las autoridades guatemaltecas para dar seguimiento a estas denuncias y asegurar una respuesta conforme a los estándares de derechos humanos internacionales.
La fiscal general Consuelo Porras, quien fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por presunta corrupción, figura entre los 11 aspirantes a magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), cuya elección está programada para este lunes.
El resultado de esta selección podría otorgar a Porras inmunidad frente a procesos judiciales en su contra, dado que el cargo de magistrado limita la posibilidad de enjuiciamiento mientras se desempeñe el puesto. Diversas organizaciones consideran que la composición de la Corte será clave para la dirección de la lucha contra la corrupción en Guatemala en los próximos años.
La responsabilidad de designar a uno de los cinco magistrados titulares de la CC para el periodo 2026-2031 recae en el Consejo Universitario de la Universidad de San Carlos (Usac), la única universidad estatal del país. Según la normativa vigente, los otros cuatro titulares serán elegidos respectivamente por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el Organismo Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.
El Ministerio Público (MP) llevó a cabo la semana pasada un allanamiento durante el proceso de elección para el magistrado representante del Colegio de Abogados y Notarios, aunque el acto siguió su curso y más de 8,000 juristas votaron por la abogada Astrid Lemus como nueva integrante de la Corte.
Las designaciones restantes por parte del Organismo Ejecutivo —actualmente dirigido por Bernardo Arévalo de León—, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia están previstas en las próximas semanas, ya que está planificado que los nuevos magistrados asuman sus funciones a partir de abril.
Fuente Infobae
