La decisión de Luis Caputo y Javier Milei de postergar la aplicación de la nueva encuesta para medir la inflación -que desembocó en la renuncia de Marco Lavagna del INDEC- no solo abrió un debate sobre el impacto de la intervención política en la credibilidad de las estadísticas oficiales sino que también generó inquietudes por el mecanismo utilizado para calcular los precios en la Argentina.

El objetivo que quedó trunco era publicar el índice de inflación de enero -que se difundirá este martes 10 de febrero- con la muestra de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, que contiene ponderadores más actualizados, que le daban mayor preponderancia al peso de los gastos en servicios como vivienda, transporte y comunicaciones.

Pero el Gobierno definió aplazar su implementación e incluso el ministro de Economía adelantó que quiere realizar una nueva encuesta de referencia desde cero, un proceso que podría demorar años.

Con la decisión de mantener la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 2004/05, la Argentina queda rezagada frente las otras fórmulas de base estadística que se usan para medir los precios en la región. Un informe realizado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia muestra que en Brasil y Paraguay se toman como referencia estructuras de ponderadores realizadas en 2017; en Colombia y México, de 2018; en Uruguay, de 2022 y en Chile, de 2023.

Es decir, que la Argentina tiene la encuesta más desactualizada para calcular la inflación y que, aún si se hubiera actualizado sobre la base de 2017, seguiría manteniendo un esquema demorado.

“El año base argentino (2004) quedó lejos de sus pares: 2019 en promedio, con Chile y Uruguay como los únicos con actualizaciones pos-pandemia (2023 y 2022, respectivamente) y el resto en 2017-2018, tal como lo habría hecho nuestro país si no se hubiera dado marcha atrás con el ajuste», describe el documento. Y explica que este escenario añade mayor complejidad a la hora de comparar la inflación local con la del resto de los países “en un contexto en el cual, en nuestro país, en tres meses los precios suben más que en un año en Brasil, Chile o Uruguay”.

El impacto de la medición de precios en el gasto público

Sumado a esto, el índice de inflación también indexa sobre otras variables de la economía, ya que sirve para determinar aumentos, por ejemplo, en jubilaciones, pensiones y asignaciones, o los títulos CER, que implican un impacto para el gasto público.

“Según nuestras estimaciones, el Estado Nacional se ahorraría casi $5 billones por la menor actualización de prestaciones sociales y los menores pagos asociados a los títulos públicos capitalizables por CER. En términos relativos, estos $5 billones representan poco menos de 0,5% del PBI y más que el total de los depósitos del Tesoro Nacional en el Banco Central al cierre de enero: $4,3 billones», estimaron los especialistas de Banco Provincia.

En esta línea, en la consultora LCG añadieron: “Podría incidir el hecho de que, en un año en el cual la presión sobre el compromiso fiscal sigue siendo elevada, reconocer una inflación más alta tendría impacto directo sobre el gasto sujeto a movilidad, que representa 48% del total del gasto primario, demandando un mayor ajuste en otras partidas».

Lo que sucede es que si bien los economistas no proyectan que el efecto de la diferencia en las mediciones sea tan relevante en el índice de enero, con los aumentos programados de servicios para los próximos meses, sí se hubieran observado variaciones más importantes hacia adelante.

“Nuestra proyección de inflación de enero se ubica en torno a 2,3% mensual con la metodología actual y en 2,4% con la actualizada. Para febrero, con el ajuste de tarifas de servicios públicos, la brecha entre ambas mediciones volvería incrementarse y en la medida que continúe la recomposición, la diferencia continuará”, explicaron en LCG.

Fuente TN