El sistema aeroportuario nacional se encamina hacia una parálisis operativa de alcance federal, al haber ratificado la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) la ejecución de un paro general de actividades que entrará en vigencia desde las 00:00 horas del lunes 9 de febrero.
Según informaron fuentes del gremio a la Agencia Noticias Argentinas, la medida fue ratificada tras una asamblea en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y afectará de manera directa los servicios de control, administración y fiscalización en todas las terminales del país gestionadas por Aeropuertos Argentina y el Estado.
La resolución sindical surge como respuesta a lo que el sector denomina una «acefalía de instancias de mediación». De acuerdo a lo señalado por Marcelo Belelli, Secretario General de ATE-ANAC, la ausencia de convocatorias oficiales por parte del Ejecutivo Nacional ha agotado los plazos de negociación, trasladando el conflicto directamente al terreno de la acción gremial en plena temporada estival.
Belelli dijo a este medio que no han tenido “ningún tipo de convocatoria de las autoridades a ningún tipo de diálogo” y que por ende “se mantiene el paro dispuesto para el lunes próximo desde la 0 hora, ante lo cual avisamos a toda la comunicad y a las compañías aéreas para que puedan reprogramar los vuelos que se van a ver afectados”.
El núcleo del conflicto radica en la denuncia de recortes salariales compulsivos aplicados sobre haberes ya liquidados, una maniobra que el sindicato califica como una vulneración de acuerdos paritarios previos.
La conducción de ATE-ANAC ha señalado una postura de «intransigencia extrema» por parte del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien responsabilizan por el estancamiento de las mesas de diálogo.
Entre las demandas principales se destacan:
La recomposición urgente de la escala salarial frente a la inflación acumulada.
La anulación de los descuentos aplicados de forma unilateral sobre los ingresos de los trabajadores.
El establecimiento de garantías sobre las condiciones de seguridad operativa en las terminales.
La medida del próximo lunes no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un historial de tensiones recurrentes en la aviación civil argentina. El sector ha experimentado hitos de protesta significativos que sirven de marco para entender la profundidad de la crisis actual:
Conflictos de 2024: Durante el primer año de la gestión actual, el sector aerocomercial enfrentó múltiples paros parciales y asambleas que obligaron a la declaración de la «esencialidad» del servicio por parte del Gobierno, una medida que aún genera controversias judiciales sobre el derecho a huelga.
La crisis de Intercargo (2025): El año anterior estuvo marcado por paros sorpresivos en el servicio de rampa y maleteros, lo que derivó en una reestructuración del sistema de servicios de tierra y aumentó la fricción entre los sindicatos estatales y las carteras de transporte.
La privatización de AR: La persistente incertidumbre sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas funcionó como un catalizador para que gremios como ATE-ANAC solidaricen sus medidas, buscando proteger la estabilidad laboral en todo el ecosistema aeronáutico.
Impacto operativo y recomendaciones
Se prevé que el impacto más severo se registre durante la franja horaria matutina del lunes, momento de máxima concentración de vuelos domésticos e internacionales. Ante la inminencia del cese de actividades, el sindicato ha instado a las compañías aéreas a proceder con la reprogramación preventiva de sus servicios para evitar el colapso de las salas de embarque y mitigar los perjuicios a los pasajeros.
Hasta el momento, no se han registrado señales de una convocatoria de última hora por parte de la Secretaría de Trabajo para dictar una conciliación obligatoria, lo que mantiene la incertidumbre sobre la operatividad aérea para el inicio de la próxima semana.
