La mesa de los argentinos atraviesa una transformación estructural inédita. El consumo de carne vacuna se derrumbó un 42% en las últimas tres décadas, pasando de 52 kilos por habitante en 1990 a solo 30 kilos en 2025. En contrapartida, el pollo y el cerdo ganaron terreno impulsados por una ecuación económica contundente: hoy, con lo que cuesta un kilo de asado, se pueden adquirir cuatro kilos de pollo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas en base a un informe del Instituto de Economía de la UADE (INECO), el consumo total de carnes en el país creció un 12%, pero cambió drásticamente su composición. Actualmente, la carne vacuna y la avícola empatan en participación, representando cada una el 36-38% de la dieta, mientras que el cerdo ya alcanza el 15,2%.

El relevamiento destaca que el precio del asado se encuentra un 47% por encima de su promedio histórico. El valor actual ronda los $15.340, muy lejos del promedio de $10.449 (a valores constantes) registrado entre 1996 y 2025.

Esta disparidad de precios modificó los hábitos de compra. «Mientras que en el 2000 un consumidor debía elegir entre comprar 1 kg de asado o 2 kg de pollo, hoy decide entre comprar 1 kg de asado o 4 kg de pollo», detalla el estudio.

A pesar de los precios altos, el informe señala una leve recuperación en el poder adquisitivo medido en carne durante la actual gestión.

Promedio histórico (1996-2025): Un salario permitía comprar 191 kg de asado.
Gestión actual (2024-2025): El promedio es de 154 kg, superando los 150 kg del período 2020-2023, aunque todavía lejos de los picos de 2008 (277 kg).

El fenómeno de precios también se explica por la dinámica exportadora. En los últimos 23 años, las ventas al exterior de carne vacuna crecieron un 230% en volumen y más de un 900% en valor, presionando los precios domésticos.

Aun así, Argentina retiene un título mundial: a pesar de la baja en el consumo interno, el país sigue liderando el ranking global de consumo de carne vacuna per cápita, triplicando el promedio de los países analizados por la OCDE.

A pesar de que la inflación parece haberse estabilizado en el 2,5%, el Banco Central reveló que aún observa riesgos de alguna aceleración en el primer trimestre del año.

Según la autoridad monetaria, el BCRA cerró el año en un 31,5%, según su Informe de Política Monetaria (IPOM).

Y pondera la fuerte desaceleración experimentada por el IPC a lo largo de los últimos dos años.

El dato del 2025 será el más bajo desde 2017.

Esto a pesar de que la inflación mensual mostró un lento pero sostenido rebote hasta el 2,8% de diciembre.

En este escenario, la autoridad monetaria reconoce que, en el primer trimestre de este año, el proceso de desinflación «enfrenta riesgos».

Esos riesgos están ligados a factores de carácter estacional y a la incertidumbre derivada del cambio en la composición de la canasta del IPC del INDEC, que debutará con la medición de enero, combinados con la aplicación del nuevo régimen de subsidios, que implica un salto en las tarifas energéticas.

Entre los factores de riesgo, enumera la estacionalidad de Carnes y derivados en el período noviembre-marzo que puede afectar la categoría Núcleo del IPC; y la corrección prevista en las tarifas residenciales de electricidad y gas por la readecuación del esquema de subsidios, con impacto en la categoría Regulados.

Recuerda, además, que en marzo suelen incidir significativamente los aumentos en el agrupado Educación (Regulados) y en Prendas de vestir (Estacionales), en este último caso asociado al cambio de temporada para la ropa.

Y revela que estos impactos transitorios sobre la inflación también se verán afectados por los ponderadores de la canasta de consumo del nuevo IPC anunciado por el INDEC.

La entidad dijo que una vez superadas esas presiones transitorias e internalizados los cambios metodológicos de la actualización del IPC, se prevé que la inflación profundice su tendencia a la baja.

Y explicó que eso ocurrirá porque se mantendrá el sesgo contractivo de la política monetaria, una mayor estabilidad cambiaria esperada por el equipo económico y la perspectiva de que los acuerdos paritarios reflejen una menor inercia inflacionaria.

En medio de la polémica por los subsidios al transporte, una empresa salió a aclarar que la auditoría encarada por el gobierno comprende a todas las compañías y no a una sola.

En este caso, la aclaración la hizo uno de los principales jugadores del mercado, Metropol, al precisar que “la auditoría y la eventual retención de subsidios ordenada por la Secretaría de Transporte alcanza a todo el sector y no exclusivamente a la empresa”.

La compañía señaló que la auditoría anunciada por las autoridades nacionales y la eventual retención preventiva de subsidios no están dirigidas de manera exclusiva a Metropol, sino que forman parte de un proceso de revisión general que abarca a todas las empresas del sistema de transporte automotor de pasajeros.

Tal como surge de la información oficial difundida por el propio Gobierno nacional, la medida comprende una auditoría integral del esquema de subsidios del sector, con el objetivo de revisar procedimientos, sistemas de control y mecanismos de liquidación, y no responde a una imputación particular ni específica contra Metropol.

En ese marco, la empresa aclaró que no existe una decisión administrativa que disponga una retención de subsidios focalizada únicamente en Metropol.

Tampoco una resolución que le atribuya irregularidades propias o diferenciales respecto del resto de los operadores del sistema.

Metropol reiteró su “plena disposición a colaborar con las autoridades competentes, como lo ha hecho históricamente, aportando toda la información requerida en el marco de los procesos de control y auditoría que se dispongan para el conjunto del sector”.__IP__

El gobierno busca ordenar los subsidios al transporte en el marco de las políticas destinada a contener el gasto público.

Fuente: noticias argentinas