La compañía láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL) solicitó su propia quiebra ante la Justicia en las últimas horas tras más de un año en concurso preventivo de acreedores y una deuda de US$120 millones.

La presentación se llevó a cabo ante el Juzgado que lleva su caso en Rafaela, al enfrentarse con la imposibilidad de cumplir con un plan de pagos que salde las deudas constatadas con más de 1.500 acreedores, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Al exponer la situación públicamente, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) precisó que la quiebra se da “luego de los informes elevados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la co Administradora designada por el Juzgado, coincidentes todos en el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la concursada”.

La decisión que ahora materializa la cooperativa había sido pedida por el gremio en septiembre del año pasado, cuando los afiliados votaron elevar dicho reclamo a la Justicia, en el marco de una Asamblea Extraordinaria.

Con la quiebra solicitada, Atilra aseguró que “en términos de los hechos probados en la causa, el pedido no agrega ni quita nada, resultando a esta altura un gesto irrelevante que pone fin a una tozuda postura que negaba la realidad”.

Asimismo, planteó que “esta realidad que algunos de sus directivos nos supieron reconocer en forma privada y que ahora oficializan, demuestra que Sancor CUL se viene sosteniendo con el patrimonio de los trabajadores a quienes les deben ocho meses de sueldos más aguinaldos, con la asistencia material de Atilra desde el fondo solidario y la continuidad de las prestaciones de servicios de salud a los trabajadores y sus familias de parte de OSPIL, a pesar de que la empresa no le realiza los aportes”.

Al evaluar el escenario futuro que puede deparar la quiebra, el sindicato sostuvo que “tanto para los trabajadores como para nuestra entidad que los representa, el dictado de quiebra no constituye un final sino el comienzo de una nueva etapa”.

En ese sentido, consideró que hacia adelante “la marca Sancor, despojada de las estructuras que la llevaron al borde de su extinción, debe volver a florecer con el impulso de la nobleza y calidad de los productos que las y los trabajadores afiliados a Atilra elaboran”.

La tensión en las pistas de aterrizaje alcanzó su punto crítico. Tras el vencimiento de la conciliación obligatoria y la ausencia de una propuesta que satisfaga las demandas de los trabajadores, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se prepara para una medida de fuerza que promete paralizar el cielo argentino.

Marcelo Belelli, coordinador de ATE-ANAC y referente del sector, fue tajante al explicar los motivos que llevan al gremio a plegarse al paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado. Según el dirigente, el organismo que tiene la responsabilidad de fiscalizar y regular todo el sistema aéreo ha quedado relegado en la carrera contra la inflación.

El organismo que controla, pero no cobra
Uno de los puntos centrales del reclamo de Belelli es la desigualdad salarial que se ha profundizado en los últimos meses. El coordinador señaló que, mientras otros sectores vinculados al transporte aéreo —como el personal de Aerolíneas Argentinas— lograron cerrar acuerdos e incrementos, la ANAC sigue sin recibir una recomposición que equipare su situación.

«La ANAC, quien fiscaliza, regula y controla el funcionamiento de todos esos sectores, no ha tenido incrementos que equiparen esa situación», subrayó Belelli, marcando la contradicción de que quienes garantizan la seguridad y el funcionamiento del sistema sean los más castigados económicamente.

Sin límites para la protesta
La fecha marcada en el calendario es el 21 de abril. Con la conciliación obligatoria ya agotada, los trabajadores se encuentran en lo que denominan «libertad de acción».

«No hay ninguna cuestión que limite nuestra acción gremial», advirtió el referente. Esta frase resuena como una advertencia para los pasajeros y las empresas prestadoras: sin avances en la mesa de negociación, la fiscalización de los vuelos se detendrá, lo que pone en jaque la operatividad de los aeropuertos en todo el país.

El conflicto entra ahora en una fase de cuenta regresiva. Los trabajadores exigen que su rol como autoridad de control sea valorado con la misma vara que el resto de la industria, en un escenario donde la paciencia, al igual que los aviones el próximo 21, parece haberse quedado en tierra.