La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) apoyó la reforma laboral presentada por el gobierno de Javier Milei pero planteó modificaciones al proyecto oficial.
Los empresarios mayoristas expresaron en un comunicado, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el respaldo a la iniciativa gubernamental para modernizar las relaciones laborales al sostener que “creemos que actualizar las normas puede ayudar a ordenar el sistema, dar más previsibilidad y reducir conflictos”.
Sin embargo, remarcaron que “una reforma de esta magnitud merece un debate profundo y un marco legal claro y moderno”, proponiendo “avanzar hacia una legislación laboral nueva, actualizada y pensada para la realidad de hoy y de los próximos años”.
En este marco se refirieron a los juicios laborales como un problema central al señalar que “en la práctica, muchas empresas, sobre todo PyME, enfrentan condenas judiciales que se vuelven imposibles de pagar” y afirmaron que “esto no sólo pone en riesgo a las empresas, también termina poniendo en riesgo los puestos de trabajo”.
Sobre este punto, manifestaron que “nos preocupa especialmente que se intente oficializar como método de actualización de condenas laborales la combinación de IPC (INDEC) más una tasa de interés”.
Al respecto, plantearon que “no estamos de acuerdo con convertir en regla la indexación por un índice más intereses, porque esto multiplica las condenas de manera desproporcionada y puede llevar al cierre de empresas”.
Asimismo, aseguraron que “este esquema se contrapone con normas vigentes que prohíben indexar sumas de dinero (Ley 23.928 y modificatorias)”.
Las modificaciones propuestas por los mayoristas
1) Volver a un sistema de actualización con tasas bancarias: proponen que se aplique un sistema basado en tasas bancarias, promediando tasas activas y pasivas, como se utilizó históricamente. “Esto permitiría montos más razonables y previsibles”, aseguran.
2) Eliminar las “cuotas solidarias” y similares impuestas por convenios: buscan derogar el artículo 9 de la Ley 14.250, que habilita “cuotas solidarias”, “cuotas sociales” u otros aportes a favor de sindicatos que terminan siendo un costo adicional.
Al respecto, indicaron que “en muchos casos, estas cargas se fijan en negociaciones donde gran parte de las empresas no están representadas y además resulta difícil controlar el destino de esos fondos” y afirmaron que “también se evita que se “disfracen” costos extras para las empresas bajo ese esquema”.
3) Que sean voluntarios los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en convenios colectivos cualquiera sea su nombre u objetivo, incluidos los destinados a capacitación, sostenimiento o creación de instituciones, o beneficios para cámaras y asociaciones.
4) Que el empleador no sea agente de retención de aportes sindicales: plantean que el empleador no esté obligado a retener cuotas de afiliación sindical. En este sentido buscan que “si un trabajador decide afiliarse, debe pagar directamente a la entidad gremial, que debe encargarse de su control y cobranza”.
Medidas para frenar la “industria del juicio”
Al mismo tiempo, desde CADAM apoyan medidas para reducir litigios injustificados al proponer que “si se demuestra que hubo un reclamo exagerado o sin sustento (“plus petición inexcusable”), pedimos que las costas sean asumidas en forma solidaria entre la parte demandante y su abogado, para que haya responsabilidad real por demandas desmedidas”.
También respaldan modificar el procedimiento laboral para que el avance del juicio dependa del impulso de las partes y pueda plantearse la caducidad de instancia cuando un expediente queda sin movimiento, evitando procesos eternos.
