El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció un apoyo financiero para la Argentina que incluye garantías por US$550.000 millones para la obtención de un crédito privado.

Asimismo, prometió que acelerará un apoyo financiero por US$7.200 millones que se desembolsará en 2026. El informe oficial no da cuenta del financiamiento neto, dado que Argentina debe hacer pagos a ese organismo durante el corriente año.

“Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos”, aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según un comunicado oficial que procesó Agencia Noticias Argentinas, el plan incluye más de US$5.000 millones para operaciones soberanas con el sector público, lo que contempla el financiamiento de proyectos y una garantía por U$S550 millones.

Asimismo, BID Invest, la división encargada del sector privado, estima movilizar inversiones por alrededor de US$2.200 millones de dólares.

De acuerdo con los datos difundidos por el organismo este programa para 2026 busca ampliar el apoyo al país mediante el respaldo a reformas estructurales de segunda generación, inversiones estratégicas en las provincias y financiamiento directo a empresas.

El BID indicó que el monto total previsto para ese año es superior a los cerca de U$S5.000 millones aprobados en 2025.

Sobre el proceso actual del país, el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, afirmó que “el gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento”.

El directivo añadió que el organismo acompaña esta etapa con mayor escala y que su labor consiste en estar “apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento”.

En cuanto al destino de los fondos, BID Invest priorizará el fortalecimiento de la infraestructura social y productiva, el acceso a servicios de salud, la economía digital y el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

También se contemplan proyectos sostenibles en agroindustria, manufactura de exportación e inversiones en minerales críticos como el litio.

Por la parte del sector público, el foco estará en la gestión fiscal, la mejora de la calidad del gasto público y la modernización tributaria. También se prevén recursos para seguridad ciudadana, justicia y el acceso a servicios esenciales como energía y protección social.

El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que intervenga de manera directa en el conflicto judicial por la reforma laboral y deje sin efecto la suspensión de varios artículos clave de la norma.

La presentación se realizó mediante un “per saltum”, un mecanismo que permite saltear instancias judiciales intermedias y llevar el caso directamente al máximo tribunal, en busca de una resolución urgente.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el pedido fue impulsado por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de revertir el fallo que frenó más de 80 artículos de la ley tras una demanda presentada por la CGT.

El recurso apunta a que la Corte declare la validez de la reforma y suspenda los efectos de la medida cautelar dictada por un juzgado laboral, que había cuestionado la aplicación de la norma en todo el país.

Desde el Ejecutivo sostienen que ese tribunal no tenía competencia para intervenir en una ley de alcance nacional y remarcaron la necesidad de que el máximo tribunal unifique criterios en un conflicto que ya atraviesa distintas instancias judiciales.

La decisión se da en el marco de una fuerte disputa judicial en torno a la reforma laboral, que fue parcialmente suspendida a fines de marzo y cuyo futuro quedó sujeto a la definición de la Corte Suprema.

Con esta estrategia, el Gobierno busca acelerar los tiempos judiciales y recuperar la vigencia de una de sus principales reformas económicas, en medio de la presión sindical y los cuestionamientos legales sobre su constitucionalidad.